La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado un conjunto de iniciativas que plantean cambios relevantes en materia judicial y fiscal. Las reformas buscan modificar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, además de actualizar la Ley Federal de Protección Industrial. La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, confirmó que el paquete ya se encuentra en manos de la Cámara Alta.
Entre los principales ajustes, se establece que la suspensión en los juicios de amparo no podrá otorgarse de manera automática, sino tras evaluar el interés social y el orden público. Se propone además que no proceda la suspensión en casos vinculados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, bloqueos de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera o situaciones fiscales relacionadas con deuda pública. También se incluyen plazos más estrictos para resolver recursos, limitación a recusaciones y reglas para evitar la ampliación de demandas con fines dilatorios.
La iniciativa incorpora por primera vez la definición de interés legítimo con base en criterios de la Suprema Corte, lo que permitiría defender intereses colectivos como el derecho al medio ambiente. Asimismo, se promueve la digitalización de los juicios de amparo con la obligación de autoridades y órganos jurisdiccionales de operar mediante plataformas electrónicas en un plazo de hasta 360 días. Se contemplan nuevas reglas para el cumplimiento de sentencias, permitiendo a las autoridades alegar imposibilidad material o jurídica, siempre que el juez lo valide.
En cuanto a la Ley Federal de Protección Industrial, la propuesta busca simplificar los procesos de transferencia de tecnología, fortalecer la protección de patentes y registros, y favorecer el desarrollo científico y la innovación en México. Con ello, el gobierno federal busca acelerar los procedimientos, ofrecer mayor certidumbre jurídica y al mismo tiempo evitar abusos en el uso del amparo para frenar disposiciones de carácter general o de interés colectivo.
REACCIONES Y POLÉMICA
Ante esta iniciativa, el Foro de Constitucionalistas ha señalado que esta reforma mata el juicio de Amparo, al eliminar la Responsabilidad Penal a las Autoridades artículo 262,267,259.
“Tanto en suspensión como sentencias... No existirá responsabilidad penal conforme a este artículo cuando la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento acredite que el incumplimiento de la suspensión o de la ejecutoria de amparo derivó de una imposibilidad juridica o material.”
Por su parte la senador Lily Téllez ha advertido tambien que se opondrá con todos los recursos disponibles al avance de esta reforma que considera negativa para la población mexicana.
El Constitucionalista Ricardo Burgoa afirmó al respecto que con la reforma, "una sentencia de amparo, si es que se logra con los jueces electos popularmente, podría convertirse en un trofeo simbólico: bonita para mostrar, inútil para proteger. Si el Estado puede alegar ‘imposibilidad jurídica o material’, ¿en qué consiste entonces el derecho a la justicia? La Iniciativa presidencial en materia de amparo es regresiva."
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