El Gobierno del Estado de México ha formalizado más de 12 mil 200 matrimonios civiles colectivos mediante las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, estrategia que busca acercar servicios jurídicos gratuitos a las familias de distintas regiones de la entidad.
A través de este programa, coordinado por la Consejería Jurídica en conjunto con los ayuntamientos mexiquenses, las parejas pueden realizar el trámite sin costo, lo que representa un ahorro de 403 pesos por matrimonio. En conjunto, durante la actual administración se han generado economías por aproximadamente 4.9 millones de pesos.
Además de brindar certeza sobre el estado civil, la formalización de las uniones permite proteger derechos relacionados con el patrimonio, la seguridad social y otros beneficios jurídicos para las familias.
Entre las historias beneficiadas se encuentra la de Rosa Romero y Ciro Sanabrias, quienes decidieron contraer matrimonio después de 36 años de vivir juntos. La pareja aprovechó los servicios de las caravanas para regularizar su situación y obtener mayor certeza jurídica para ellos y sus familiares.
El programa también permite a las parejas realizar el certificado prenupcial a través de los módulos de la Secretaría de Salud, como parte de los servicios complementarios disponibles durante las jornadas.
Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social ofrecen más de 125 trámites y servicios gratuitos o a bajo costo, entre ellos asesoría jurídica, atención a víctimas, expedición de actas del Registro Civil, elaboración de testamentos y licencias de conducir.
Durante esta semana, las jornadas llegarán a los municipios de Almoloya del Río, Texcalyacac, Papalotla, Atenco y Otzolotepec, con el objetivo de acercar estos servicios a las comunidades y reducir los costos y tiempos de traslado para la población.
Desde su puesta en marcha en enero de 2024, el programa ha alcanzado un millón de trámites, de acuerdo con el Gobierno estatal, consolidándose como una estrategia para ampliar el acceso a servicios de justicia y brindar mayor certeza jurídica a las familias mexiquenses.
