El sector empresarial nacional respaldó la estrategia anunciada el 8 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para combatir la extorsión, aunque advirtió que su efectividad dependerá de que se acompañe con reformas legales que permitan enfrentar el delito con mayores herramientas institucionales.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que es urgente expedir una Ley General de Extorsión que articule acciones entre los tres niveles de gobierno y permita sancionar de manera más severa a quienes cometen este delito.
El organismo propuso que dicha legislación contemple medidas para evitar que los responsables obtengan libertad anticipada o se beneficien de criterios que debiliten las investigaciones.
Desde septiembre de 2023, Coparmex promueve una reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a legislar en esta materia.
Según su presidente, Juan José Sierra Álvarez, en lo que va de 2025 las pérdidas económicas por extorsión superan los 26 mil millones de pesos y se han registrado más de 32 extorsiones al día a nivel nacional, afectando especialmente a pequeñas y medianas empresas.
Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) expresó su respaldo a la creación de Unidades Antiextorsión y al fortalecimiento de los mecanismos de denuncia anónima, pero coincidió con Coparmex en que la extorsión debe perseguirse de oficio, ya que muchas víctimas no denuncian por temor a represalias.
“La extorsión no solo es una amenaza para los negocios, también afecta la vida cotidiana de millones de personas y debilita el tejido social”, señaló la Concanaco, al destacar que este delito altera precios, interrumpe cadenas productivas y genera inestabilidad en regiones enteras.
En el Estado de México, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que entre enero y mayo de 2025 se han registrado mil 175 casos de extorsión, lo que equivale a un promedio de 7.8 por día y sólo entre abril y mayo, los casos pasaron de 161 a 189, un incremento del 28?%.
La entidad se mantiene como una de las de mayor incidencia en este delito, junto con Guanajuato, Nuevo León y Veracruz. Las organizaciones empresariales han subrayado que se requiere una respuesta institucional clara y sostenida, con atención tanto al castigo como a la prevención.
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