Al otro día del sangriento acontecimiento, en conferencia de prensa, dejó más incertidumbre y preocupación, pues en voz del Secretario de Seguridad, quedó documentada la limitada capacidad preventiva y de respuesta de las autoridades estatales.
Según dijo, 24 horas antes supieron del riesgo y no previnieron la protección de la sociedad; tenían información del desplazamiento de personas armadas en la región y en la comunidad, lo que de suyo ya es un delito, se sabía de la cita al día siguiente y la policía no previno acción alguna.
A las 12:14 horas del viernes, supieron de las detonaciones en las instalaciones de la escuela primaria de Texcalpilla, y hasta las 14:50 horas la autoridad no hizo más que abrir una carpeta de investigación. Y hasta las 15:20 horas; es decir, más de tres horas después, llegó “una fuerza de tarea” al lugar. Así que durante toda la noche, la mañana y en los minutos del ataque, el Gobierno desprotegió al pueblo de Texcaltitlán.
Es incorrecto, por irresponsable, decir que la masacre obedeció a asuntos de hace años, y que fueron perpetrados por delincuentes procedentes de otras entidades federativas, como si eso atenuara la responsabilidad del gobierno del estado. Hoy, la seguridad es pura, total y absoluta
responsabilidad del Gobierno del Estado de Mexico.
La Secretaría de Seguridad adeuda una explicación clara de lo ocurrido, restablecer la paz en la región, atender a las familias de las víctimas, pero también y en especial, de su tardía reacción, más de tres horas después.
Este lamentable suceso abre también una ventana de oortunidad para darle solución de fondo y en el corto plazo a la inseguridad en el sur de la entidad y en todo el Estado de México; una política pública de seguridad basada en evidencias y enfocada en resultados.
Quedó claro que, si ciudadanos escasamente armados, medianamente organizados y nulamente entrenados, puede enfrentar y doblegar a un legendario grupo criminal, por supuesto que puede, debe y tiene con qué hacerlo exitosamente el Gobierno.
No existe fuerza más poderosa que la del Estado. La Familia Michoacana y ningún otro grupo criminal tiene 19 mil elementos armados y entrenados como la policía estatal, ni cuenta con el respaldo de 16 mil policías municipales y casi dos mil ministeriales, como las autoridades mexiquenses.
Tenemos alrededor de 40 mil elementos que, bien organizados en una estrategia integral de mejoramiento de la seguridad, serían invencibles, porque además de sus capacidades de fuego, operativas y jurídicas tendrán el respaldo de la sociedad.
Es momento de que la policía estatal y las municipales asuman la responsabilidad que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales les obliga y ahora no cumplen; crear áreas de investigación, cuerpos de detectives, al interior de las policías estatal y municipal; y entrenar a los Presidentes Municipales y directores de seguridad, para que entiendan que su función NO consiste en detener presuntos delincuentes, para que después los liberen.
Su obligación es “judicializar” los casos; que significa presentarlos ante la autoridad judicial acompañados de pruebas y evidencias contundentes de modo que al ministerio público y al juez les resulte imposible dejarlos en libertad; que la policía aprenda a detenerlos, usando la fuerza, pero sin violar del debido proceso ni los derechos humanos y, sobre todo, asegurarse de no detener a personas inocentes.
Lo anterior seguido de una decena de componentes de la Estrategia Integral de Mejoramiento de la Seguridad que incluye contar con una métrica clara, transparente, pública del rendimiento policial.
Texcaltitlán es un llamado de atención a la autoridad, pero también a la sociedad. Hagamos de esta crisis, lección y mejoría, sí es posible, trabajando con Estrategia.
Dr. Arturo Huicochea
#Opinión #Texcaltitlán #ArturoHuicichea #OscarGlenn
