La paridad de género, entendida como el acceso igualitario de hombres y mujeres a los espacios de representación popular, ha avanzado como nunca en el país a lo largo de los últimos años en el ámbito legislativo: a la fecha, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, las mujeres representan el 50.4 por ciento de las senadurías, así como el 50 por ciento de las diputaciones federales en la LXV Legislatura.
Por otro lado, en las entidades federativas, las mujeres encabezan, en promedio, el 54 por ciento de las diputaciones de sus congresos y, en el caso concreto del Estado de México, tanto la actual como la anterior legislatura, LXI y LX, respectivamente, tuvieron un 49.3 por ciento de diputadas.
Aunque ya hay una representación paritaria en el Poder Legislativo mexiquense, las mujeres siguen siendo menos, numéricamente, que los hombres en tanto que diputadas; sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, en 2021, que, en las legislaturas cuyo número de legisladores sea impar, como en el caso del congreso mexiquense (75 diputaciones), tendrá que alternarse el género mayoritario entre una legislatura y otra, por lo cual, a partir de septiembre de 2024, la LXII Legislatura del Estado de México estará integrada, por primera vez, por una mayoría de mujeres, con mínimo el 50.7 por ciento de las curules.
En efecto, la paridad de género llegó para quedarse en el ámbito legislativo nacional y, a pesar de que dicha realidad es aún distinta en otros poderes y niveles de gobierno, es necesario preguntarnos hasta qué grado el hecho de que las mujeres cuenten actualmente con tal representación impacta en actúen, desde su rol legislativo, con sororidad; es decir, que trabajen y tomen decisiones conscientes de que, además de escuchar a sus representados y cumplir con los principios de sus respectivos institutos políticos, también les corresponde continuar cerrando las brechas de género, en beneficio de todas las mujeres y garantizando que ninguna se quede atrás; es, en suma, fortalecer la democracia impulsando leyes más inclusivas y justas que satisfagan las necesidades de más de la mitad de la población, conformada por nosotras.
Sin embargo, la realidad es que, a pesar de la consolidación de dicha paridad de género en las más altas instancias legislativas, muchas mujeres han dejado atrás la sororidad para complacer los intereses políticos de sus dirigencias partidistas u obedecer los mandamientos del actual presidente. No solamente han contribuido a doblegar la autonomía del Poder Legislativo ante las órdenes del Palacio Nacional, sino que han olvidado que, como mujeres, tenemos una responsabilidad con el resto de nuestras iguales, a fin de combatir las desigualdades que les impiden a millones de mujeres el acceso al mismo trato y oportunidades que los hombres, así como a que se les garanticen plenamente sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Ejemplo de ello es la reciente aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024. Si bien es cierto que su anexo 13, relativo a la igualdad entre mujeres y hombres, es 12 por ciento mayor al del año anterior, como dio cuenta el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la mayor parte de sus recursos se encuentran asignados a los programas sociales prioritarios del gobierno actual, y también electorales. En contraste, según México Evalúa, únicamente el 12 por ciento de los 87 programas considerados en el anexo mencionado se destina exclusivamente a las mujeres y, por si fuera poco, varios fueron recortados; además, la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, así como la salud materna, sexual y reproductiva, tendrán sólo el 0.08 y 0.5 por ciento de los recursos para el próximo año, respectivamente, de acuerdo con el IMCO, lo cual es profundamente insuficiente.
Apenas el pasado mes, más de 140 organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el anexo 13 no garantiza los recursos públicos para atender las necesidades de las mexicanas, particularmente de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Asimismo, manifestaron lo que, desgraciadamente, se ha vuelto evidente: que el compromiso con las mujeres y la igualdad de género no es una prioridad del Estado Mexicano.
En 2024, no bastará con que las mujeres tengamos los mismos espacios de representación que los hombres o, incluso, que sean mayores para nosotras. A partir del proceso electoral rumbo a las elecciones del próximo año, quienes nos interesamos por el futuro político de la nación tendremos que reivindicar lo que, además de ser necesario, es también una responsabilidad: asegurar que las mujeres que nos representen en los congresos legislen con sororidad; siempre a favor de lo que requieren las mujeres, una democracia más justa y, por lo tanto, la igualdad sustantiva.
