Debate en Tinta
Opinión de Olga Perez Zanabria
Conmemorar el aniversario del sufragio femenino en México no es un asunto menor y, a setenta años de distancia desde aquella gran conquista por parte de las revolucionarias de ayer, es importante valorar qué avances sigue habiendo en beneficio de la participación política de las mujeres.
Mucho ha transcurrido, en nuestro estado, desde aquel entonces, cuando la homeópata Aramintha Pliego Johnson fuera la primera mujer electa como presidenta municipal, en 1953; la maestra Clara del Moral Ramírez, la primera diputada local, en 1954; y la abogada Remedios Albertina Ezeta Uribe, la primera diputada federal, en 1955.
Como puede constatarse en la obra “Los rostros de la paridad. Presidentas municipales del Estado de México 1874-2022”, publicada por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, desde 1947 hasta ahora, 230 mujeres han sido presidentas municipales, ya sea electas constitucionalmente o ejerciendo el cargo como interinas. Dicho número es muy bajo: considerando que han transcurrido 76 años desde que las mujeres pueden participar en elecciones de los ayuntamientos y que una presidencia municipal dura tres, ha habido, en promedio, 25 periodos por cada municipio desde entonces. Además, tomando en cuenta que son 125 municipios los que conforman al Estado de México, a pesar de las variaciones que ha habido a lo largo de los años, puede afirmarse que, desde 1947, ha habido más de dos mil 500 personas al frente de las presidencias municipales, entre las cuales únicamente 230 han sido mujeres.
Aun así, nos hemos ido abriendo paso y, con el tiempo, nuestra participación ha sido mayor: tan sólo en los tres últimos trienios, el número de presidentas municipales mujeres incrementó de 20 (2016-2018) a 39 (2019-2021) y, actualmente, a 48 (2022-2024).
Personalmente, gracias al apoyo de mujeres y hombres que creyeron en mi proyecto, tuve la oportunidad y el honor de ser la primera presidenta municipal de mi tierra, San Mateo Atenco, durante el periodo 2013-2015. Sin embargo, no está de más mencionar que, a la fecha, 22 municipios mexiquenses nunca han tenido una presidenta, a pesar de que muchos sí han contado con candidatas y algunas muy destacables. Es una brecha más que hemos de cerrar.
Romper ese techo de cristal ha sido, sin duda, un proceso lento, siendo la violencia política en razón de género una carga constante para muchas de nosotras, así como el hecho de tener que enfrentar barreras culturales e institucionales.
Afortunadamente, hoy contamos con la Ley 3 de 3 que, el pasado mes de mayo, fue elevada a rango constitucional, impidiendo que puedan ser representantes populares o trabajar en el gobierno los deudores alimentarios, los agresores sexuales y los violentadores, incluyendo a quienes incurran en violencia política contra las mujeres en razón de género. Se trata de un avance sin precedentes en la materia: no se tolerará más que los agresores accedan al poder.
Asimismo, también contamos con las reformas constitucionales de 2014 y 2019, las cuales dieron un giro, al menos jurídico, para impulsar la participación política de las mujeres en México.
La de 2014, propuesta y promulgada por un presidente priista, sentó las bases del principio de paridad de género, garantizando, entre otras cosas, la postulación del 50 por ciento de candidaturas para mujeres y hombres en el Congreso de la Unión, así como en las diputaciones locales.
La de 2019, conocida como “Paridad en Todo”, aprobada en 2019 con el respaldo de las y los legisladores priistas, mandata que la mitad de los cargos de elección popular y de decisión pública se encuentren ocupados por mujeres en los tres ámbitos de gobierno, así como en los poderes federales y en los órganos autónomos constitucionales.
Así, si en 2024 los partidos políticos tendrán que postular un 50% de mujeres en sus candidaturas para todos los cargos de elección popular, a la sociedad le corresponde, desde ahora, reconocer que mujeres y hombres somos igualmente capaces de aspirar a esos espacios, ganarlos y representarlos con la misma eficacia y honradez. Se trata de que, el próximo año, prime la representación entre unas y otros en los cargos de decisión sobre la vida pública que, por definición, nos pertenece a todas las personas.
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