Conocido como Panaut, que registraría huellas dactilares o biometría ocular, fue declarado inconstitucional por nueve magistrados. Dos más votaron por declarar la invalidación parcial.
Una ley aprobada en 2021 estableció que los usuarios iban a tener que entregar sus datos personales a las compañías de telefonía móvil y que el regulador del sector, el IFT, debía pedir a esas empresas la cancelación de las líneas que no fueran identificadas o registradas.
La creación del Panaut se suspendió tras enfrentarse a la oposición de IFT y el organismo nacional de transparencia y protección de datos personales, el INAI. El gobierno argumentaba que el padrón era necesario para reducir los delitos de extorsión y secuestro.