De los cerca de 100 corralones de la entidad, 10% opera sin concesión: Nazario Gutiérrez.
Diputadas y diputados de las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Planeación y Gasto Público y Finanzas Públicas expusieron que la ciudadanía, así como las y los propietarios de automóviles exigen poner un alto a los abusos y extorsiones en el servicio de grúas y corralones, por lo que plantearon instalar mesas de discusión con la sociedad y las dependencias públicas para terminar con el vacío legal en materia de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos.
En la reunión, el diputado Nazario Gutiérrez Martínez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y autor, junto con el diputado Adrián Manuel Galicia Salceda, de una de las iniciativas, señalaron que en la entidad existen alrededor de 100 corralones, de los cuales solo 10% tienen una concesión autorizada, lo que permite el desorden y los abusos en contra de la ciudadanía.
Asimismo, el diputado Adrián Galicia detalló que esta propuesta pretende combatir la corrupción, la opacidad en el cobro de los servicios y los robos de autopartes, mediante el respeto de las tarifas aprobadas, que se delimiten los territorios de operación de los concesionarios, que cuenten con pólizas de seguro ante posibles daños a los vehículos, transparenten el ingreso de los vehículos a los depósitos y que pueda revisarse el otorgamiento, operación y revocación de las concesiones.
La diputada Ingrid Schemelensky Castro, autora de otra de las propuestas, explicó que se propone que las tarifas de arrastre de un automotor no sea mayor al costo de la multa impuesta por la autoridad, que las grúas cuenten con cámaras de video para evitar extorsiones y que se exente del pago para liberación de vehículos si no hay falta o delito que perseguir. También pidió recibir la opinión técnica de la Secretaría de Movilidad.
Durante el análisis, diputadas y diputados propusieron que la grúa sea el último recurso en caso de infracción, que se realice un análisis financiero para conocer el impacto económico de este servicio; expusieron varios de los recursos de los prestadores de estos servicios para abusar de la ciudadanía y pidieron instruir a las y los automovilistas para evitar las extorsiones.
Las iniciativas plantean reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública y de Movilidad, así como a los códigos Administrativo y Financiero del Estado de México y Municipios.
En la reunión, el diputado Nazario Gutiérrez Martínez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y autor, junto con el diputado Adrián Manuel Galicia Salceda, de una de las iniciativas, señalaron que en la entidad existen alrededor de 100 corralones, de los cuales solo 10% tienen una concesión autorizada, lo que permite el desorden y los abusos en contra de la ciudadanía.
Asimismo, el diputado Adrián Galicia detalló que esta propuesta pretende combatir la corrupción, la opacidad en el cobro de los servicios y los robos de autopartes, mediante el respeto de las tarifas aprobadas, que se delimiten los territorios de operación de los concesionarios, que cuenten con pólizas de seguro ante posibles daños a los vehículos, transparenten el ingreso de los vehículos a los depósitos y que pueda revisarse el otorgamiento, operación y revocación de las concesiones.
La diputada Ingrid Schemelensky Castro, autora de otra de las propuestas, explicó que se propone que las tarifas de arrastre de un automotor no sea mayor al costo de la multa impuesta por la autoridad, que las grúas cuenten con cámaras de video para evitar extorsiones y que se exente del pago para liberación de vehículos si no hay falta o delito que perseguir. También pidió recibir la opinión técnica de la Secretaría de Movilidad.
Durante el análisis, diputadas y diputados propusieron que la grúa sea el último recurso en caso de infracción, que se realice un análisis financiero para conocer el impacto económico de este servicio; expusieron varios de los recursos de los prestadores de estos servicios para abusar de la ciudadanía y pidieron instruir a las y los automovilistas para evitar las extorsiones.
Las iniciativas plantean reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública y de Movilidad, así como a los códigos Administrativo y Financiero del Estado de México y Municipios.
