Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad indagaron en el tema, encontraron que 8 de cada 10 contratos se han dado por adjudicación directa, además de la presencia de empresas fantasmas, así como la identificación de empresas que sistemáticamente son beneficiarias de las asignaciones por dedazo.
Cabe decir que las adjudicaciones directas son procedimientos previstos en la ley, pero solamente como excepción debido a los riesgos de corrupción que implican.
Los datos disponibles en CompraNet señalan que este método fue el más usado durante 2021 para realizar contrataciones. Por esa vía, la Administración Pública Federal (APF) entregó un total de 157 mil 796 contratos durante este año. De ellos, el 80.3% se adjudicó directamente. En contraposición, las licitaciones públicas representaron 10.3% y las invitaciones restringidas el 6.1% de los procedimientos. Por último, hubo un 3.2% de contrataciones que se realizaron con otros mecanismos.
Además, en ese mismo año las contrataciones alcanzaron un monto de 386 mil millones de pesos, de los cuales 147 mil millones fueron entregados por adjudicación directa. Y 43 mil 387 millones bajo la indescifrable y opaca categoría de “otros”. Clasificación qué impide saber con claridad cómo se realizó esta contratación, representan el 11.2% del importe total de los contratos, un porcentaje incluso por encima de la invitación restringida que fue por 19 mil 407 millones.
En comparación con 2020, las adjudicaciones directas representan un porcentaje menor del dinero contratado y las licitaciones públicas uno mayor. Además, el monto de las otras contrataciones pasó de representar el 0.1% en 2010 al 13.8% en 2020 y el 11.2% en 2021. Así, el uso de las adjudicaciones directas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sigue siendo superior que al de Enrique Peña Nieto.
Las adjudicaciones directas suelen corresponder a montos menores que las licitaciones públicas debido a que los procedimientos son más susceptibles a actos de corrupción y cuentan con menos mecanismos para detectarlos. Sin embargo, en los últimos dos años ha habido un incremento importante con los montos adjudicados.
Los contratos por adjudicación directa se distribuyen de manera desigual si los analizamos por concepto. Tan sólo cuatro de ellos (Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, Materias primas y materiales de producción y comercialización y Servicios básicos, explican 100 mil millones entregados por
esa vía.
El ámbito de los servicios de comunicación social y publicidad se mantuvo como uno de los puntos de mayor atención pues el 90% de los contratos que se dieron en 2021 para este rubro se entregaron por vía de la adjudicación directa, lo cual representa un incremento con respecto al cierre del sexenio previo, en donde fueron 78%, y una continuidad con respecto al año pasado, cuando esta cifra se mantuvo en 90%.
Los contratos de publicidad del gobierno se concentraron principalmente en seis dependencias: el IMSS, la Lotería Nacional, el INFONACOT, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Hacienda.
Las dependencias del gobierno federal también muestran serias diferencias en cuanto al porcentaje de contratos y montos asignados por asignación directa. En este caso, cuatro dependencias —IMSS, Banco del Bienestar, Insabi e ISSSTE— entregaron más de 68 mil millones de pesos mediante este mecanismo, y porcentajes descomunales en el número de contratos. Por ejemplo, el INSABI adjudicó de manera directa el 99% de sus contratos y el 99% de los montos contratados. En el caso del Banco del Bienestar el porcentaje de contratos fue de 69% pero el porcentaje del importe de esos contratos fue de 89%. También llama la atención el caso de DICONSA que entregó el 99% de sus contratos por adjudicación directa y el 87% del monto contratado.
Así se ha desenvuelto el gobierno de la “transformación” sin un alto concreto a la corrupción de la que forma parte.