De esta forma, la autoridad electoral podrá instalar, entre otros, menos casillas de las que se establecen en la ley, y sin que ello genere alguna responsabilidad penal o administrativa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó la suspensión que el Instituto solicitó, para realizar la revocación acorde con el presupuesto que tiene (unos mil 500 millones de pesos).
Las 161 mil casillas que se necesitan para realizar la revocación conforme a la ley no se instalarán porque el presupuesto no alcanza, serán menos de las mencionadas.