Se asignó un contrato a una empresa sin empleados y se subcontrató a una compañía inhabilitada, involucrada en 2020 en la venta a sobrecosto de respiradores deficientes, que derivó en la muerte de al menos un p
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revela que en su primer año de operaciones, Seguridad Alimentaria Mexicana otorgó un contrato plurianual por 245 millones de pesos para el arrendamiento de equipo de laboratorio a Micro Credit SAPI de CV, SOFOM ENR, sociedad que no tenía empleados registrados ante el IMSS y que subcontrató a una empresa inhabilitada por la Función Pública, según una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control de Diconsa.
La vigencia del contrato es del 1 de octubre de 2019 hasta el 30de septiembre de 2022, signado por René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas y por Miguel Carillo Villarreal, actual director de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos.
En contexto, en estos últimos dos años, Micro Credit ha proveído a Segalmex con transportadores helicoidales tipo bazooka y sets de laboratorio destinados para el control de calidad del maíz, frijol, arroz y trigo del programa Precios de Garantía. Cada set de laboratorio está conformado por analizadores de humedad, coladores, sondas, básculas y termómetros para granos. Según la propia dependencia, los equipos serían usados simultáneamente en todos sus almacenes del país.
La auditoría obtenida vía transparencia por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) establece que la Segalmex debía recibir 600 sets de laboratorio y 156 transportadores helicoidales antes del 1 de octubre de 2019; sin embargo, Micro Credit seguía sin entregar los equipos en marzo de 2020, el último mes auditado por el Órgano Interno de Control. Un retraso de más de cien días.
De acuerdo con los documentos encontrados, Miguel Carrillo Villareal funcionario a cargo de este contrato, no aplicó las multas correspondientes por los retrasos. Sin embargo, la dependencia realizó pagos a la empresa hasta por ocho millones sin haber recibido los bienes en el tiempo pactado.
No había pasado ni una semana desde que la Presidencia de la República había anunciado el despido de tres directivos de Segalmex, por presuntos actos de corrupción que fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República, cuando se presentó este nuevo caso de contrataciones irregulares en Segalmex.
El Órgano Interno de Control de Diconsa encontró que Micro Credit no tenía registrados trabajadores activos ante el IMSS y que subcontrató a Multicorporación Brexot, una empresa que fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en 2020 por entregar fuera de tiempo 250 ventiladores que el ISSSTE había adquirido para hacer frente a la pandemia.
Una auditoría interna en el ISSSTE señala que los ventiladores tuvieron un sobrecosto de 250 millones de pesos, deterioraron la condición de dos pacientes y condicionaron el fallecimiento de uno más en el Hospital 20 de noviembre de la Ciudad de México debido a que fallaban súbitamente y a que no eran ventiladores volumétricos, los modelos requeridos para tratar a los enfermos de COVID-19.
Otra de las investigaciones de MCCI reveló en julio de 2021 que, Ana Valeria Quintana Contreras, una joven de 24 años que vivía en una colonia popular, era accionista de Gentsai Hoon, que formaba parte de una red de seis empresas irregulares que recibieron 800 millones de pesos de Segalmex. De acuerdo con actas del Registro Público del Comercio, Ana Valeria también es representante legal de Multicorporación Brexot.
Lumo Financiera del Centro y Lease and Fleet Solution son empresas que presentaron cotizaciones como parte de la investigación de mercado que realizó Selgamex antes de otorgar el contrato. Además, han recibido más de mil millones de pesos en contratos con Segalmex bajo la dirección de Ignacio Ovalle Fernández.
Otra empresa que participó en el estudio de mercado es Integradora de Apoyo Municipal, la cual junto con Lumo Financiera del Centro conformó Grupo CEPADEM, un consorcio liderado por Luis Humberto Montaño García, exdiputado suplente del PRI en la LVIII legislatura y exdirector de Administración y Finanzas de la Función Registral del Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era gobernador.
La vigencia del contrato es del 1 de octubre de 2019 hasta el 30de septiembre de 2022, signado por René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas y por Miguel Carillo Villarreal, actual director de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos.
En contexto, en estos últimos dos años, Micro Credit ha proveído a Segalmex con transportadores helicoidales tipo bazooka y sets de laboratorio destinados para el control de calidad del maíz, frijol, arroz y trigo del programa Precios de Garantía. Cada set de laboratorio está conformado por analizadores de humedad, coladores, sondas, básculas y termómetros para granos. Según la propia dependencia, los equipos serían usados simultáneamente en todos sus almacenes del país.
La auditoría obtenida vía transparencia por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) establece que la Segalmex debía recibir 600 sets de laboratorio y 156 transportadores helicoidales antes del 1 de octubre de 2019; sin embargo, Micro Credit seguía sin entregar los equipos en marzo de 2020, el último mes auditado por el Órgano Interno de Control. Un retraso de más de cien días.
De acuerdo con los documentos encontrados, Miguel Carrillo Villareal funcionario a cargo de este contrato, no aplicó las multas correspondientes por los retrasos. Sin embargo, la dependencia realizó pagos a la empresa hasta por ocho millones sin haber recibido los bienes en el tiempo pactado.
No había pasado ni una semana desde que la Presidencia de la República había anunciado el despido de tres directivos de Segalmex, por presuntos actos de corrupción que fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República, cuando se presentó este nuevo caso de contrataciones irregulares en Segalmex.
El Órgano Interno de Control de Diconsa encontró que Micro Credit no tenía registrados trabajadores activos ante el IMSS y que subcontrató a Multicorporación Brexot, una empresa que fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en 2020 por entregar fuera de tiempo 250 ventiladores que el ISSSTE había adquirido para hacer frente a la pandemia.
Una auditoría interna en el ISSSTE señala que los ventiladores tuvieron un sobrecosto de 250 millones de pesos, deterioraron la condición de dos pacientes y condicionaron el fallecimiento de uno más en el Hospital 20 de noviembre de la Ciudad de México debido a que fallaban súbitamente y a que no eran ventiladores volumétricos, los modelos requeridos para tratar a los enfermos de COVID-19.
Otra de las investigaciones de MCCI reveló en julio de 2021 que, Ana Valeria Quintana Contreras, una joven de 24 años que vivía en una colonia popular, era accionista de Gentsai Hoon, que formaba parte de una red de seis empresas irregulares que recibieron 800 millones de pesos de Segalmex. De acuerdo con actas del Registro Público del Comercio, Ana Valeria también es representante legal de Multicorporación Brexot.
Lumo Financiera del Centro y Lease and Fleet Solution son empresas que presentaron cotizaciones como parte de la investigación de mercado que realizó Selgamex antes de otorgar el contrato. Además, han recibido más de mil millones de pesos en contratos con Segalmex bajo la dirección de Ignacio Ovalle Fernández.
Otra empresa que participó en el estudio de mercado es Integradora de Apoyo Municipal, la cual junto con Lumo Financiera del Centro conformó Grupo CEPADEM, un consorcio liderado por Luis Humberto Montaño García, exdiputado suplente del PRI en la LVIII legislatura y exdirector de Administración y Finanzas de la Función Registral del Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era gobernador.
