Compartió que a pesar de que en la ciudad de Monterrey y el área metropolitana del estado hubo una disminución notable de la movilidad durante la contingencia del Covid-19, hasta en un 60% no se vio resultado en la disminución de la contaminación.
Es urgente que el gobierno de Nuevo León instrumente los mecanismos necesarios para garantizar que el “impuesto verde” lo paguen las empresas que contaminen y no se traslade a la población, manifestó la diputada federal del PRI, Marcela Guerra Castillo.
La legisladora compartió mediante un Punto de Acuerdo, que a pesar de que en la ciudad de Monterrey y el área metropolitana del estado hubo una disminución notable de la movilidad durante la contingencia del Covid-19, hasta en un 60 por ciento, no se vio resultado en la disminución de la contaminación, por ello, señala, es necesario replantear las fuentes que la generan, por ejemplo, las pedreras, la refinería de Cadereyta y las termoeléctricas, entre otras.
En relación, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recordó que las pedreras, empresas dedicadas a la extracción de rocas para elaborar diversos materiales esencialmente para la construcción, cuentan con una problemática muy clara:
“La cantidad de contaminantes que vierten en el aire; el uso constante de químicos empleados para dinamitar las rocas, que propicia fallas geológicas y contaminan el suelo; no hay programas de mitigación para regenerar la zona en la que se asentó la empresa, una vez que ha extraído todo el material y se ha retirado del lugar, además de que están devastando las montañas de Nuevo León.
Aseguró que las pedreras han dañado los cerros y la zona serrana cercana a la capital, afectando gravemente a los ecosistemas de la región Otro aspecto que llama la atención en torno a las pedreras, dijo Guerra Castillo, es que, si bien hay 48 con registro oficial en Nuevo León, la Asociación de Extractores de Caliza de la entidad tiene agremiadas a 65 empresas; lo que significa que varias de ellas podrían estar operando en la clandestinidad.
Indicó que dicha propuesta establece que el llamado “impuesto verde”, impulsado por el Ejecutivo del estado, el cual entró en vigor el primer día del 2022, con la finalidad de gravar las actividades contaminantes de las empresas y destinarlo a mitigar el daño ecológico que causan, así como incentivarlas para que inviertan en tecnologías y prácticas que sean amigables con el medio ambiente en vez de pagar el impuesto, no aplica en el caso de las pedreras.
Por ello, urge que las autoridades competentes del Gobierno de Nuevo León den solución para garantizar que el “impuesto verde” sea cubierto por las empresas contaminantes, mas no así por los ciudadanos y los sectores más vulnerables de la población, que de manera directa ya constatan una afectación en su economía con el aumento de precios en los materiales para construcción.
La legisladora compartió mediante un Punto de Acuerdo, que a pesar de que en la ciudad de Monterrey y el área metropolitana del estado hubo una disminución notable de la movilidad durante la contingencia del Covid-19, hasta en un 60 por ciento, no se vio resultado en la disminución de la contaminación, por ello, señala, es necesario replantear las fuentes que la generan, por ejemplo, las pedreras, la refinería de Cadereyta y las termoeléctricas, entre otras.
En relación, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recordó que las pedreras, empresas dedicadas a la extracción de rocas para elaborar diversos materiales esencialmente para la construcción, cuentan con una problemática muy clara:
“La cantidad de contaminantes que vierten en el aire; el uso constante de químicos empleados para dinamitar las rocas, que propicia fallas geológicas y contaminan el suelo; no hay programas de mitigación para regenerar la zona en la que se asentó la empresa, una vez que ha extraído todo el material y se ha retirado del lugar, además de que están devastando las montañas de Nuevo León.
Aseguró que las pedreras han dañado los cerros y la zona serrana cercana a la capital, afectando gravemente a los ecosistemas de la región Otro aspecto que llama la atención en torno a las pedreras, dijo Guerra Castillo, es que, si bien hay 48 con registro oficial en Nuevo León, la Asociación de Extractores de Caliza de la entidad tiene agremiadas a 65 empresas; lo que significa que varias de ellas podrían estar operando en la clandestinidad.
Indicó que dicha propuesta establece que el llamado “impuesto verde”, impulsado por el Ejecutivo del estado, el cual entró en vigor el primer día del 2022, con la finalidad de gravar las actividades contaminantes de las empresas y destinarlo a mitigar el daño ecológico que causan, así como incentivarlas para que inviertan en tecnologías y prácticas que sean amigables con el medio ambiente en vez de pagar el impuesto, no aplica en el caso de las pedreras.
Por ello, urge que las autoridades competentes del Gobierno de Nuevo León den solución para garantizar que el “impuesto verde” sea cubierto por las empresas contaminantes, mas no así por los ciudadanos y los sectores más vulnerables de la población, que de manera directa ya constatan una afectación en su economía con el aumento de precios en los materiales para construcción.
