La organización Human Rights Watch dio a conocer su informe anual 2021, en el que cuestiona el peso que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a las Fuerzas Armadas en el país.
Las violaciones de los derechos humanos, incluidas torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques a periodistas independientes y defensores de los derechos humanos en México, han continuado durante el actual gobierno, manifestó la organización Human Rights Watch en su informe anual sobre 2021.
Señalaron que “Estos hechos suelen quedar impunes. Por otra parte, la implementación de las reformas legales aprobadas en 2017 y 2018 ha sido lenta y hasta el momento estas han sido ineficaces para combatir la tortura y la impunidad”, se lee en el texto, que critica que el presidente Andrés Manuel López Obrador ampliara el alcance de las actividades de las Fuerzas Armadas en el país, al disponer su movilización para tareas de orden público, el control de aduanas y la migración irregular, la gestión de programas sociales y el desarrollo y la operación de megaproyectos.
Además, citaron el asesinato de 12 civiles en julio de 2020 en Tamaulipas, en un enfrentamiento con soldados. “En un video que se filtró a la prensa ese agosto, se ve a un soldado dando la orden de matar a un civil. En septiembre, la Secretaría de Defensa anunció que los hechos solo estaban siendo investigados por la policía militar, y no por fiscales de la justicia penal ordinaria. En marzo de 2021, un abogado de familiares de las víctimas indicó a Reuters que todavía no se había detenido a soldados en relación con el hecho, a pesar de la evidencia en el video”, resalta.
Asimismo, recuerdan que, en septiembre del año pasado, la Secretaría de Defensa aceptó que al menos 47 personas habían muerto o resultado heridas en acciones de las Fuerzas Armadas durante el actual sexenio. “La Secretaría de Defensa ha pagado indemnizaciones a las familias, pero no ha sancionado a soldados ni ha denunciado los casos a la policía o a los fiscales para que sean investigados penalmente”, comenta.
Por otra parte, expresan que el sistema de justicia penal mexicano no es eficaz para resolver los casos de delitos violentos y violaciones de derechos humanos.
“Solo el 5.2 por ciento de los delitos cometidos en México se esclarecen, informa la organización no gubernamental México Evalúa. Las causas del fracaso incluyen corrupción, capacitación y recursos inadecuados, y complicidad de fiscales y defensores públicos con delincuentes y otros funcionarios abusivos”, relata.
Otra crítica es al no garantizar un debido proceso para los acusados de delitos, pues “la policía y los fiscales suelen utilizar la tortura para obtener confesiones”. La HRW está en contra de la prisión preventiva obligatoria, porque viola las normas internacionales de derechos humanos.
En México tampoco existen acciones eficientes para la localización de más de 90 mil personas desaparecidas desde 2006. “Más de 23 mil figuran como desaparecidas desde que López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018”.
Por otra parte, también se incluye el tema de los ataques contra los periodistas y defensores de los derechos humanas, pues el Mecanismo Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos no ha sido suficiente pues algunos pierden la vida.
“Seis periodistas han sido asesinados mientras recibían la protección del programa, cuatro de ellos desde que López Obrador asumió la presidencia. En octubre de 2020, el gobierno eliminó el fondo independiente que financiaba las medidas de protección, precarizando la situación financiera del mecanismo”, señala en cuanto a la eliminación del fideicomiso.
Además, es escasa la protección jurídica para mujeres y niñas, incluyendo aquellas con discapacidad, contra la violencia de género y sexual, “Algunas disposiciones, incluyendo las que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la ‘castidad’ de la víctima, contravienen los estándares internacionales”, informa.
Destaca que en relación con el aborto si existen avances, con los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que consideró inconstitucional su penalización, además de disponer que los gobiernos estatales no están facultados para establecer que la vida comienza en el momento de la concepción y que la objeción de conciencia para no practicar abortos está sujeta a límites.
En temas de migración, denuncia que el gobierno no brindó protección policial ni acceso a justicia, trabajo, atención sanitaria o educación a los más de 71 mil solicitantes de asilo enviados a México en el marco de la política de “Quédate en México”.
“El gobierno de López Obrador ha expulsado a miles de solicitantes de asilo ilegalmente a Guatemala sin garantías de debido proceso, incluyendo muchos que primero habían sido expulsados de Estados Unidos y transferidos a la custodia de autoridades mexicanas”, finalizó.
Señalaron que “Estos hechos suelen quedar impunes. Por otra parte, la implementación de las reformas legales aprobadas en 2017 y 2018 ha sido lenta y hasta el momento estas han sido ineficaces para combatir la tortura y la impunidad”, se lee en el texto, que critica que el presidente Andrés Manuel López Obrador ampliara el alcance de las actividades de las Fuerzas Armadas en el país, al disponer su movilización para tareas de orden público, el control de aduanas y la migración irregular, la gestión de programas sociales y el desarrollo y la operación de megaproyectos.
Además, citaron el asesinato de 12 civiles en julio de 2020 en Tamaulipas, en un enfrentamiento con soldados. “En un video que se filtró a la prensa ese agosto, se ve a un soldado dando la orden de matar a un civil. En septiembre, la Secretaría de Defensa anunció que los hechos solo estaban siendo investigados por la policía militar, y no por fiscales de la justicia penal ordinaria. En marzo de 2021, un abogado de familiares de las víctimas indicó a Reuters que todavía no se había detenido a soldados en relación con el hecho, a pesar de la evidencia en el video”, resalta.
Asimismo, recuerdan que, en septiembre del año pasado, la Secretaría de Defensa aceptó que al menos 47 personas habían muerto o resultado heridas en acciones de las Fuerzas Armadas durante el actual sexenio. “La Secretaría de Defensa ha pagado indemnizaciones a las familias, pero no ha sancionado a soldados ni ha denunciado los casos a la policía o a los fiscales para que sean investigados penalmente”, comenta.
Por otra parte, expresan que el sistema de justicia penal mexicano no es eficaz para resolver los casos de delitos violentos y violaciones de derechos humanos.
“Solo el 5.2 por ciento de los delitos cometidos en México se esclarecen, informa la organización no gubernamental México Evalúa. Las causas del fracaso incluyen corrupción, capacitación y recursos inadecuados, y complicidad de fiscales y defensores públicos con delincuentes y otros funcionarios abusivos”, relata.
Otra crítica es al no garantizar un debido proceso para los acusados de delitos, pues “la policía y los fiscales suelen utilizar la tortura para obtener confesiones”. La HRW está en contra de la prisión preventiva obligatoria, porque viola las normas internacionales de derechos humanos.
En México tampoco existen acciones eficientes para la localización de más de 90 mil personas desaparecidas desde 2006. “Más de 23 mil figuran como desaparecidas desde que López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018”.
Por otra parte, también se incluye el tema de los ataques contra los periodistas y defensores de los derechos humanas, pues el Mecanismo Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos no ha sido suficiente pues algunos pierden la vida.
“Seis periodistas han sido asesinados mientras recibían la protección del programa, cuatro de ellos desde que López Obrador asumió la presidencia. En octubre de 2020, el gobierno eliminó el fondo independiente que financiaba las medidas de protección, precarizando la situación financiera del mecanismo”, señala en cuanto a la eliminación del fideicomiso.
Además, es escasa la protección jurídica para mujeres y niñas, incluyendo aquellas con discapacidad, contra la violencia de género y sexual, “Algunas disposiciones, incluyendo las que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la ‘castidad’ de la víctima, contravienen los estándares internacionales”, informa.
Destaca que en relación con el aborto si existen avances, con los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que consideró inconstitucional su penalización, además de disponer que los gobiernos estatales no están facultados para establecer que la vida comienza en el momento de la concepción y que la objeción de conciencia para no practicar abortos está sujeta a límites.
En temas de migración, denuncia que el gobierno no brindó protección policial ni acceso a justicia, trabajo, atención sanitaria o educación a los más de 71 mil solicitantes de asilo enviados a México en el marco de la política de “Quédate en México”.
“El gobierno de López Obrador ha expulsado a miles de solicitantes de asilo ilegalmente a Guatemala sin garantías de debido proceso, incluyendo muchos que primero habían sido expulsados de Estados Unidos y transferidos a la custodia de autoridades mexicanas”, finalizó.
