Lamentó que por un tema presupuestal se haya colocado al INE en esta situación y que se haya puesto en entredicho la realización óptima de un ejercicio ciudadano.
Durante las próximas semanas se sabrá si se alcanzaron los requisitos legales.
Durante las próximas semanas se sabrá si se alcanzaron los requisitos legales.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova dio a conocer que siguen trabajando para la organización de la revocación de mandato tomando en cuenta las sentencias y resoluciones La Suprema Corte de Justicia y Tribunal Electoral del poder de la Federación.
Compartió que el Instituto sigue cumpliendo con su mandato constitucional de verificar las firmas de apoyo de aquellas ciudadanas y ciudadanos que promueven la revocación de mandato del presidente de la República por cómo lo dice la Constitución haberle perdido la confianza.
Además, adelantó, que durante las próximas semanas se sabrá si se alcanzaron los requisitos legales, en consecuencia, el INE emitirá la convocatoria respectiva.
Destacó que a pesar de que el Instituto no cuente con el presupuesto necesario para realizar el proceso de revocación de mandato, el pasado jueves el Consejo General acordó continuar con los trabajos y hacer un nuevo esfuerzo para incrementar los 1503 millones de pesos que hasta ahora se tienen, y poder alcanzar los 3800 millones de pesos que se necesitan para cumplir este proceso de acuerdo con lo que estipula la ley en la materia.
Lamentó que por un tema presupuestal se haya colocado al INE en esta situación y que se haya puesto en entredicho la realización óptima de un ejercicio ciudadano.
Aseguró, que el INE siempre manifestado su disposición para que este proceso de revocación de mandato se realice de acuerdo a las garantías y características que exige la Constitución y la ley.
Es por ello por lo que se han apoyado de las instancias legales competentes y se han tomado decisiones, aunque a veces polémicas y controvertidas, necesarias. “Ello no debería ser motivo ni de censura ni mucho menos de persecución penal o política por eso es grave que el presidente de un poder en el que además está representada la pluralidad de la nación haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él”, resaltó.
Expresó que esto ha sido un acto que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios perseguir a servidores públicos por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales.
“Implica criminalizar el derecho a disentir. Es grave que en una democracia se pretenda utilizar el aparato de Justicia para amedrentar a quienes son vistos como adversarios. Nunca en la historia desde que se fundó el IFE en 1990 se había procedido penalmente en contra de sus consejeras y consejeros por el simple hecho de tomar una determinación que incomoda políticamente al poder” aseguró.
El presidente consejero, considera que las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio, y es por eso que hoy siguen su curso ante la Fiscalía General de la República.
“Ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos claramente inexistentes y que evidentemente sólo tiene propósitos políticos más allá de que el orden constitucional vuelva pronto a su cauce lo que ocurrió es grave, muy grave” expresó.
Ante esta situación manifestó que el Instituto nacional electoral seguirá trabajando en cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, ejerciendo a plenitud su autonomía e independencia y defendiendo ante todo los valores democráticos.
Finalizó diciendo la democracia la cuidamos todas y todos por eso infórmate involúcrate y participa porque con tu INE contamos todas contamos todos.
Compartió que el Instituto sigue cumpliendo con su mandato constitucional de verificar las firmas de apoyo de aquellas ciudadanas y ciudadanos que promueven la revocación de mandato del presidente de la República por cómo lo dice la Constitución haberle perdido la confianza.
Además, adelantó, que durante las próximas semanas se sabrá si se alcanzaron los requisitos legales, en consecuencia, el INE emitirá la convocatoria respectiva.
Destacó que a pesar de que el Instituto no cuente con el presupuesto necesario para realizar el proceso de revocación de mandato, el pasado jueves el Consejo General acordó continuar con los trabajos y hacer un nuevo esfuerzo para incrementar los 1503 millones de pesos que hasta ahora se tienen, y poder alcanzar los 3800 millones de pesos que se necesitan para cumplir este proceso de acuerdo con lo que estipula la ley en la materia.
Lamentó que por un tema presupuestal se haya colocado al INE en esta situación y que se haya puesto en entredicho la realización óptima de un ejercicio ciudadano.
Aseguró, que el INE siempre manifestado su disposición para que este proceso de revocación de mandato se realice de acuerdo a las garantías y características que exige la Constitución y la ley.
Es por ello por lo que se han apoyado de las instancias legales competentes y se han tomado decisiones, aunque a veces polémicas y controvertidas, necesarias. “Ello no debería ser motivo ni de censura ni mucho menos de persecución penal o política por eso es grave que el presidente de un poder en el que además está representada la pluralidad de la nación haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él”, resaltó.
Expresó que esto ha sido un acto que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios perseguir a servidores públicos por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales.
“Implica criminalizar el derecho a disentir. Es grave que en una democracia se pretenda utilizar el aparato de Justicia para amedrentar a quienes son vistos como adversarios. Nunca en la historia desde que se fundó el IFE en 1990 se había procedido penalmente en contra de sus consejeras y consejeros por el simple hecho de tomar una determinación que incomoda políticamente al poder” aseguró.
El presidente consejero, considera que las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio, y es por eso que hoy siguen su curso ante la Fiscalía General de la República.
“Ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos claramente inexistentes y que evidentemente sólo tiene propósitos políticos más allá de que el orden constitucional vuelva pronto a su cauce lo que ocurrió es grave, muy grave” expresó.
Ante esta situación manifestó que el Instituto nacional electoral seguirá trabajando en cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, ejerciendo a plenitud su autonomía e independencia y defendiendo ante todo los valores democráticos.
Finalizó diciendo la democracia la cuidamos todas y todos por eso infórmate involúcrate y participa porque con tu INE contamos todas contamos todos.
