Con el propósito de acercar la justicia a los pueblos originarios y garantizar el reconocimiento y la protección de sus derechos, la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) realizó su cuarta sesión itinerante pública en el municipio de Lerma, donde sus integrantes analizaron y aprobaron por unanimidad dos proyectos de resolución.
En un mensaje en video, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, reconoció el trabajo de la Sala, encabezada por la magistrada Erika Icela Castillo Vega, y destacó que, por cuarta ocasión, sus integrantes trasladaron sus actividades fuera de su sede para sesionar directamente en las comunidades.
Asimismo, agradeció al presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, y a las autoridades locales por su coordinación y disposición para realizar el encuentro.
Macedo García señaló que las sesiones públicas permiten que la ciudadanía conozca cómo se deliberan, analizan y resuelven los asuntos. Añadió que este ejercicio de transparencia forma parte del compromiso del Poder Judicial para juzgar con perspectiva intercultural y garantizar el acceso pleno a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas.
La sesión tuvo lugar en el Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay, donde Castillo Vega, acompañada por las magistradas y los magistrados María Rosalba Briseño Alvarado, Verónica Carrillo Carrillo, Arturo Márquez González y Lawrence Eliseo Serrano Domínguez, destacó que las personas integrantes de pueblos originarios tienen derecho a recibir atención en su propia lengua y a comprender los procedimientos judiciales.
La magistrada afirmó que ninguna persona debe renunciar a su lengua, identidad o usos y costumbres para ser escuchada, por lo que la Sala tiene la responsabilidad de acercarse a las comunidades y atender sus necesidades desde una perspectiva intercultural.
Al encuentro también asistió Margarita Leonor Gopar Pérez, presidenta de la Sala de Asuntos Indígenas del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, una de las dos entidades del país que cuentan con un órgano especializado de esta naturaleza.
Por su parte, el magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración Judicial, resaltó la importancia de respaldar el trabajo de la Sala para que pueda cumplir su función. Señaló que acercar la justicia a las comunidades requiere sensibilidad de quienes imparten justicia, así como herramientas, personal capacitado y recursos suficientes para brindar una atención adecuada.
Durante la sesión se analizaron dos asuntos. El primero estuvo relacionado con una persona integrante de la comunidad otomí, quien había sido absuelta de una acusación por robo con violencia. Tras revisar el expediente, la Sala confirmó la libertad, al considerar que las pruebas presentadas no acreditaron su responsabilidad penal.
El segundo caso correspondió a una mujer de aproximadamente 60 años, integrante del pueblo mazahua y originaria de Santa María del Llano, municipio de Ixtlahuaca, quien había recibido una sentencia condenatoria de 72 años y un mes de prisión por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.
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