Decidirán sobre actuar de exapoderado legal de universidad, quien debe pagar 157.5 mdp por omisiones en programas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará si el exapoderado legal de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, tendrá que pagar 157.5 millones de pesos por el daño ocasionado en el caso conocido como la Estafa maestra.
El próximo miércoles el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dará a conocer a sus compañeros en la Primera Sala un proyecto de resolución con el que la Corte puede poner fin al litigio iniciado por Del Pozzo Rodríguez, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Desde 2019 los magistrados del TFJA confirmaron la responsabilidad resarcitoria a cargo del exapoderado legal de la UAEM por el caso de la Estafa maestra, impuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su resolución, el TFJA mencionó que el exfuncionario incurrió en omisiones al no supervisar la correcta integración y puesta en marcha de ventanillas de atención para el padrón de beneficiarios al programa de Pensión para Adultos Mayores al esquema de inclusión financiera, conforme al convenio que la UAEM firmó con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
en febrero de 2013.
De la misma forma, concluyó que hizo cobros injustificados, porque las ventanillas no fueron abiertas o lo hicieron de forma parcial, lo cual provocó que no cumpliera la meta de incorporar a un millón 600 mil beneficiarios al programa.
“Originó cobros injustificados a la citada secretaría durante el tiempo que el hoy actor se desempeñó como director de recursos financieros de la UAEM y asesor de la Secretaría de Administración de dicha universidad”, indicó el tribunal.
La UAEM fue señalada por la ASF durante la revisión de la cuenta pública de 2013, de celebrar 28 convenios con 10 instancias gubernamentales, como la Sedesol, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), entre otras.
Estos convenios fueron irregulares debido a que, entre sus observaciones, la ASF finalizó afirmando que la UAEM no contaba con la capacidad para cumplir los objetivos y realizaron subcontrataciones ilegales.
Este esquema es conocido como la Estafa maestra y de esos convenios con las dependencias la UAEM se quedó con 280 millones 268 mil 900 pesos, mientras que el convenio más alto que firmó fue con la Sedesol, secretaría federal encabezada entonces por Rosario Robles Berlanga, por un monto total de 335 millones de pesos, uno de los más altos en este tipo de instrumentos jurídicos utilizados para el desvío de recursos.
El próximo miércoles el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dará a conocer a sus compañeros en la Primera Sala un proyecto de resolución con el que la Corte puede poner fin al litigio iniciado por Del Pozzo Rodríguez, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Desde 2019 los magistrados del TFJA confirmaron la responsabilidad resarcitoria a cargo del exapoderado legal de la UAEM por el caso de la Estafa maestra, impuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su resolución, el TFJA mencionó que el exfuncionario incurrió en omisiones al no supervisar la correcta integración y puesta en marcha de ventanillas de atención para el padrón de beneficiarios al programa de Pensión para Adultos Mayores al esquema de inclusión financiera, conforme al convenio que la UAEM firmó con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
en febrero de 2013.
De la misma forma, concluyó que hizo cobros injustificados, porque las ventanillas no fueron abiertas o lo hicieron de forma parcial, lo cual provocó que no cumpliera la meta de incorporar a un millón 600 mil beneficiarios al programa.
“Originó cobros injustificados a la citada secretaría durante el tiempo que el hoy actor se desempeñó como director de recursos financieros de la UAEM y asesor de la Secretaría de Administración de dicha universidad”, indicó el tribunal.
La UAEM fue señalada por la ASF durante la revisión de la cuenta pública de 2013, de celebrar 28 convenios con 10 instancias gubernamentales, como la Sedesol, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), entre otras.
Estos convenios fueron irregulares debido a que, entre sus observaciones, la ASF finalizó afirmando que la UAEM no contaba con la capacidad para cumplir los objetivos y realizaron subcontrataciones ilegales.
Este esquema es conocido como la Estafa maestra y de esos convenios con las dependencias la UAEM se quedó con 280 millones 268 mil 900 pesos, mientras que el convenio más alto que firmó fue con la Sedesol, secretaría federal encabezada entonces por Rosario Robles Berlanga, por un monto total de 335 millones de pesos, uno de los más altos en este tipo de instrumentos jurídicos utilizados para el desvío de recursos.
