En cualquier escenario donde se sufre el fenómeno de la corrupción se manifiesta el uso ilegal de una importante cantidad de recursos públicos. Aparejado a esto se da el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos que afecta el desarrollo sostenible de un país.
La corrupción es un fenómeno que afecta a la democracia, economía y competitividad de cualquier nación.
La importancia de atender este problema es darle forma y sentido a una sociedad más justa por lo que es necesario identificar la participación de funcionarios públicos involucrados en este fenómeno y localizar las fallas existentes en los mecanismos de control que atienden esta situación.
Un caso ejemplar de la corrupción en nuestro país se dio con la “Estafa Maestra”. Este caso involucra evasiones a la ley de contrataciones públicas a través del uso de terceros para lograr el desvío de cantidades importantes de recursos públicos. La triangulación de dinero a través de universidades públicas y empresas fantasma fue la base para realizar dicho desvío. Este delito involucro 5 años de constantes desvíos por instituciones públicas que causaron un daño irreparable al erario público. Este caso es ejemplar para demostrar las fallas estructurales que existen en el sistema político de nuestro país y también demuestra las carencias qué existen en las políticas públicas que permitan fortalecer a un sistema encargado de investigar y castigar actos de corrupción.
Actualmente podemos atestiguar que la corrupción no está haciendo atendida de forma correcta por el gobierno actual. Por ejemplo, la organización “mexicanos contra la corrupción y la impunidad” demostró que durante el primer trimestre del 2019 el 90% de la población mexicana considera que los actos de corrupción nunca se castigan, y los hechos hablan por sí solos, ya que únicamente Rosario Robles se encuentra sujeta a proceso.
La corrupción es un fenómeno qué deteriora el funcionamiento de un gobierno para destinar correctamente el dinero público, y en consecuencia limita la implementación de políticas que fomenten el desarrollo económico y la correcta distribución de los recursos en las regiones con más carencias de este país. Es necesario fortalecer a las fiscalías anticorrupción y a la auditoría superior de la federación para que cuenten con funcionarios capacitados responsables y éticos para que ejerzan sus funciones de manera eficiente.
No podemos acostumbrarnos a que el desvío de recursos públicos sea una práctica aceptada por el pueblo mexicano, es necesario fortalecer la cultura de legalidad para que se garanticen los derechos humanos de los procesados en el transcurso de una investigación, evitar la excesiva regulación en cualquiera de los procesos de la administración pública que le abran espacios a prácticas ilegales y evitar ante todo la impunidad. La administración actual tiene la oportunidad histórica de crear mecanismos para detectar este tipo de operaciones y evitar que la justicia se politice. Combatir la corrupción no es un tema fácil de atender, pero en algún momento se tiene que dar el primer paso que permita diseñar una ruta que atienda este problema.
Dr. Arturo Argente Villarreal