A México llegan, cada año, más de 200 mil armas; 41 por ciento vienen de Texas; 19 por ciento, de California, y 15 por ciento, de Arizona.
México enfrenta día a día una verdadera pesadilla, la guerra contra el narco no cede y el tráfico de armas es una de las principales causas que originan la violencia en México. Lo cierto es que el gobierno mexicano está consciente de la necesidad de combatir el tráfico de armamento que pone en riesgo el derecho que tenemos a vivir en paz.
Existe una tendencia de crecimiento a nivel internacional en la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego. El ejército mexicano ha asegurado, durante la década de 2010 a 2020, 70 por ciento de armamento fabricado en los Estados Unidos y 30 por ciento en Europa. Estos datos han sido recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
A México llegan, cada año, más de 200 mil armas; 41 por ciento vienen de Texas; 19 por ciento, de California, y 15 por ciento, de Arizona. La mayoría son rifles y pistolas semiautomáticas. Un ejemplo son los famosos cuernos de chivo, las preferidas por el narcotráfico que de acuerdo a los datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México provocan 17.000 homicidios anuales.
Antes de irse a la entidad sonorense como gobernador, el ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que en todo el país circulan 15 millones de armas y 85 por ciento ingresaron al país de forma ilícita.
Estos datos han llevado a que el gobierno mexicano presente una demanda internacional contra 11 empresas de fabricación y venta de armas para condenar y tratar de frenar el trasiego ilegal de armas y que además se logre obtener una compensación por parte de las empresas armamentísticas estadounidenses por tener unas prácticas "negligentes" que avivan la violencia del narcotráfico. Un antecedente legal que empujó al gobierno de López Obrador a dar este paso es la oferta que hizo la empresa Remington Arms Co. a familiares de las víctimas del tiroteo de la escuela Sandy Hook de 2021: pagaron casi 33 millones de dólares con el objetivo de zanjar las acusaciones de que su marketing contribuyó a la muerte de 26 personas.
La demanda mexicana no incluye a los gobiernos federal ni a los estatales, tampoco al Congreso ni a las legislaturas locales, pero lo cierto es que el tráfico ilegal de armas hacia México sería inexplicable sin la complicidad del sector político de los Estados Unidos que han permitido el desarrollo y flujo de este ilícito.
Esta demanda representa un litigio estratégico o litigio de impacto que buscan crear cambios amplios en la sociedad. Las personas que optan por el litigio estratégico quieren usar la ley para dejar una señal duradera más allá de ganar un caso en particular y así lograr cambios positivos para resolver problemas de gran calado. Esta demanda, que está rodeada de gran escepticismo, representa un hecho insólito y aunque parece difícil que la justicia estadounidense vaya a darle la razón al gobierno mexicano en este litigio, esta acción legal coadyuva a la presión interna que se está generando en Estados Unidos contra una industria que necesita rendir cuentas por todo el daño que ha causado.
Dr. Arturo Argente Villarreal.
Existe una tendencia de crecimiento a nivel internacional en la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego. El ejército mexicano ha asegurado, durante la década de 2010 a 2020, 70 por ciento de armamento fabricado en los Estados Unidos y 30 por ciento en Europa. Estos datos han sido recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
A México llegan, cada año, más de 200 mil armas; 41 por ciento vienen de Texas; 19 por ciento, de California, y 15 por ciento, de Arizona. La mayoría son rifles y pistolas semiautomáticas. Un ejemplo son los famosos cuernos de chivo, las preferidas por el narcotráfico que de acuerdo a los datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México provocan 17.000 homicidios anuales.
Antes de irse a la entidad sonorense como gobernador, el ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que en todo el país circulan 15 millones de armas y 85 por ciento ingresaron al país de forma ilícita.
Estos datos han llevado a que el gobierno mexicano presente una demanda internacional contra 11 empresas de fabricación y venta de armas para condenar y tratar de frenar el trasiego ilegal de armas y que además se logre obtener una compensación por parte de las empresas armamentísticas estadounidenses por tener unas prácticas "negligentes" que avivan la violencia del narcotráfico. Un antecedente legal que empujó al gobierno de López Obrador a dar este paso es la oferta que hizo la empresa Remington Arms Co. a familiares de las víctimas del tiroteo de la escuela Sandy Hook de 2021: pagaron casi 33 millones de dólares con el objetivo de zanjar las acusaciones de que su marketing contribuyó a la muerte de 26 personas.
La demanda mexicana no incluye a los gobiernos federal ni a los estatales, tampoco al Congreso ni a las legislaturas locales, pero lo cierto es que el tráfico ilegal de armas hacia México sería inexplicable sin la complicidad del sector político de los Estados Unidos que han permitido el desarrollo y flujo de este ilícito.
Esta demanda representa un litigio estratégico o litigio de impacto que buscan crear cambios amplios en la sociedad. Las personas que optan por el litigio estratégico quieren usar la ley para dejar una señal duradera más allá de ganar un caso en particular y así lograr cambios positivos para resolver problemas de gran calado. Esta demanda, que está rodeada de gran escepticismo, representa un hecho insólito y aunque parece difícil que la justicia estadounidense vaya a darle la razón al gobierno mexicano en este litigio, esta acción legal coadyuva a la presión interna que se está generando en Estados Unidos contra una industria que necesita rendir cuentas por todo el daño que ha causado.
Dr. Arturo Argente Villarreal.
