Así una evaluación legislativa debe contemplar las diversas etapas, como la definición del problema, la generación de alternativas, la decisión de la propuesta, la implementación o ejecución de la norma y desde luego la valoración de los resultad
En la reciente semana que concluyó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, dio a conocer en su cuenta de twitter que propondrá una reforma electoral que contempla la depuración del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con lo mencionado por el presidente de nuestro país.
Las iniciativas de leyes suelen tener muchas de ellas el beneplácito de los ciudadanos, es el beneficio de la duda, como si todas las propuestas fueran buenas y resolvieran los problemas, en este caso como el voto electrónico, la desaparición de los organismos públicos locales, sus respectivos tribunales electorales, por mencionar algunas.
Sin embargo, no todas las propuestas tienen el impacto favorable que sus autores contemplan por lo que es necesario en nuestro país, pero al menos comenzar por nuestro Estado a implementar un sistema de evaluación de leyes.
Por definición evaluar es estimar, apreciar o calcular el valor de una cosa, por lo que este valor debe tener una escala de graduación objetiva y precisa, no puede ser al tanteo o a la ocurrencia ni siquiera el filing de una persona, este debe obedecer a un proceso complejo y sistemático, es obligado que obedezca a una disciplina de resultados con validez objetiva.
Así una evaluación que se ha tomado en el pasado debe llevar a conocer los efectos de las decisiones, en este caso el INE, es la institución formada por civiles que más credibilidad y confianza tiene incluso por encima de la presidencia de la república, ha enfrentado procesos de renovación y llevado a cabo elecciones donde los actores políticos han aceptado los resultados y por el contrario el Tribunal si enfrenta una crisis de credibilidad y deficiencia de las relaciones de sus integrantes por decir lo menos.
La iniciativa privada ha impulsado la evaluación de sus procesos y sus impactos con métodos científicos, aprovechando el desarrollo de los mercados y de las ciencias. De forma similar en las ciencias sociales por el grado de progreso que hoy tienen que permite la comprobación y la colaboración, con los adelantos tecnológicos y el manejo de mayores volúmenes de información, como el contenido de leyes, reglamentos, y diversas disposiciones normativas, es así posible impulsar un sistema técnico de evaluación de leyes.
Si bien es cierto que una reforma legal es producto de una decisión política que pretende resolver un problema social, nada asegura hasta el momento el éxito de una legislación, o que al final corrija los efectos que pretendían resolver, ni siquiera está claro que los beneficiarios de la ley o grupos de interés estén satisfechos con la reforma hecha.
Así una evaluación legislativa debe contemplar las diversas etapas, como la definición del problema, la generación de alternativas, la decisión de la propuesta, la implementación o ejecución de la norma y desde luego la valoración de los resultados. En este orden de ideas en la evaluación propuesta podría quedar claro los objetivos de la ley, la implicación económica que tendría a los presupuestos, la validez jurídica de la norma, la necesaria evaluación administrativa y finalmente la evaluación social.
Ahora que los grupos parlamentarios tanto federales como locales han anunciado sus reuniones plenarias y de donde puede salir sus agendas legislativas, lo interesante no es tener una agenda particular por partido o coaliciones, sino más bien y de manera similar existiera una agenda única, que incluyera a todos los partidos y que le dijera a la sociedad en que van a trabajar en conjunto y escucharan lo que la sociedad quiere decirles.
Así es tiempo por la magnitud de nuestro Estado y lo avanzado que esta la tecnología y el desarrollo de las ciencias sociales, que nuestra legislatura implemente un sistema de evaluación de Leyes, que avancemos en resolver lo que cada iniciativa pretende, más en lo electoral y que no sea la visión que impone los que gobiernan sino más bien el amplio consenso de las reglas del juego en elegir gobernantes y como se legisla para el bien de todos.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM. Y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
Twitter @juancarlosMX17
Facebook Juan Carlos Núñez Armas
Las iniciativas de leyes suelen tener muchas de ellas el beneplácito de los ciudadanos, es el beneficio de la duda, como si todas las propuestas fueran buenas y resolvieran los problemas, en este caso como el voto electrónico, la desaparición de los organismos públicos locales, sus respectivos tribunales electorales, por mencionar algunas.
Sin embargo, no todas las propuestas tienen el impacto favorable que sus autores contemplan por lo que es necesario en nuestro país, pero al menos comenzar por nuestro Estado a implementar un sistema de evaluación de leyes.
Por definición evaluar es estimar, apreciar o calcular el valor de una cosa, por lo que este valor debe tener una escala de graduación objetiva y precisa, no puede ser al tanteo o a la ocurrencia ni siquiera el filing de una persona, este debe obedecer a un proceso complejo y sistemático, es obligado que obedezca a una disciplina de resultados con validez objetiva.
Así una evaluación que se ha tomado en el pasado debe llevar a conocer los efectos de las decisiones, en este caso el INE, es la institución formada por civiles que más credibilidad y confianza tiene incluso por encima de la presidencia de la república, ha enfrentado procesos de renovación y llevado a cabo elecciones donde los actores políticos han aceptado los resultados y por el contrario el Tribunal si enfrenta una crisis de credibilidad y deficiencia de las relaciones de sus integrantes por decir lo menos.
La iniciativa privada ha impulsado la evaluación de sus procesos y sus impactos con métodos científicos, aprovechando el desarrollo de los mercados y de las ciencias. De forma similar en las ciencias sociales por el grado de progreso que hoy tienen que permite la comprobación y la colaboración, con los adelantos tecnológicos y el manejo de mayores volúmenes de información, como el contenido de leyes, reglamentos, y diversas disposiciones normativas, es así posible impulsar un sistema técnico de evaluación de leyes.
Si bien es cierto que una reforma legal es producto de una decisión política que pretende resolver un problema social, nada asegura hasta el momento el éxito de una legislación, o que al final corrija los efectos que pretendían resolver, ni siquiera está claro que los beneficiarios de la ley o grupos de interés estén satisfechos con la reforma hecha.
Así una evaluación legislativa debe contemplar las diversas etapas, como la definición del problema, la generación de alternativas, la decisión de la propuesta, la implementación o ejecución de la norma y desde luego la valoración de los resultados. En este orden de ideas en la evaluación propuesta podría quedar claro los objetivos de la ley, la implicación económica que tendría a los presupuestos, la validez jurídica de la norma, la necesaria evaluación administrativa y finalmente la evaluación social.
Ahora que los grupos parlamentarios tanto federales como locales han anunciado sus reuniones plenarias y de donde puede salir sus agendas legislativas, lo interesante no es tener una agenda particular por partido o coaliciones, sino más bien y de manera similar existiera una agenda única, que incluyera a todos los partidos y que le dijera a la sociedad en que van a trabajar en conjunto y escucharan lo que la sociedad quiere decirles.
Así es tiempo por la magnitud de nuestro Estado y lo avanzado que esta la tecnología y el desarrollo de las ciencias sociales, que nuestra legislatura implemente un sistema de evaluación de Leyes, que avancemos en resolver lo que cada iniciativa pretende, más en lo electoral y que no sea la visión que impone los que gobiernan sino más bien el amplio consenso de las reglas del juego en elegir gobernantes y como se legisla para el bien de todos.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM. Y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
Twitter @juancarlosMX17
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