Seis años de prisión a quien audiograbe, comparta o reproduzca imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres.
Sancionaran hasta con nueve años de prisión cuando sean audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes.
Sancionaran hasta con nueve años de prisión cuando sean audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes.
Aprobaron Comisiones Unidas del Congreso local sancionar con penas de tres a seis años de cárcel a quien por algún medio y fuera de la ley audiograbe, comercialice, comparta, difunda, exponga, envíe, fotografíe, oferte, reproduzca, transmita o videograbe, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que estén bajo investigación penal.
Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición constituyeron en un solo dictamen cuatro iniciativas de reforma y adición al Código Penal expuestas por las diputadas Liliana Gollas Trejo, Beatriz García Villegas, ambas de Morena; Araceli Casasola Salazar, Claudia González Cerón y el diputado Omar Ortega Álvarez, del PRD, así como Lorena Marín Moreno (PRI).
En esta se instaura que, al tratarse de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, en cuanto a su muerte, lesiones o estado de salud, las penas de este articulo aumentarán hasta en una mitad, es decir, hasta nueve años.
Determinan que cuando el delito lo cometa una persona servidora pública, que sea parte de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas aumentarán hasta tres veces, sumarán dos años más a la pena que se imponga.
Aseguran diputadas que estas medidas servirán como una medida preventiva en contra de este tipo violencia, para que las para que las mujeres puedan recuperar el control de su imagen, para sancionar a las y los servidores que practican estas conductas y para garantizar a las mujeres la protección de su dignidad, que debe considerarse un derecho humano.
Las iniciativas son consecuencia de la difusión de las imágenes del cadáver de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio, y que llevaron a la aprobación de las reformas conocidas como "Ley Ingrid".
Anteriormente, un representante de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mostró que el dictamen precise que tal conducta puede cometerse en cualquier espacio y no solamente en alguna dependencia o institución forense.
Este día también sesionó la Comisión de Juventud y Deporte para aprobar la creación del Instituto de Cultura Física y Deporte del municipio de Tecámac, por reflexionar que son indudables los beneficios de la activación física y la práctica del deporte en la salud de la población y como herramienta de prevención social de la violencia y la delincuencia.
De igual forma, las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Desarrollo Agropecuario y Forestal comenzaron el análisis de la iniciativa de reforma a la Carta Magna para volver al principio original del reparto de tierras e incorporar en su texto los derechos de la naturaleza, mientras que las comisiones de Legislación y Administración Municipal Protección Ambiental y Cambio Climático comenzaron el estudio de la iniciativa para crear Unidades Municipales de Control y Bienestar Animal e incrementar las penas en materia de maltrato animal, mediante modificaciones a la Ley Orgánica Municipal y el Código Penal, ambos del Estado de México.
Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición constituyeron en un solo dictamen cuatro iniciativas de reforma y adición al Código Penal expuestas por las diputadas Liliana Gollas Trejo, Beatriz García Villegas, ambas de Morena; Araceli Casasola Salazar, Claudia González Cerón y el diputado Omar Ortega Álvarez, del PRD, así como Lorena Marín Moreno (PRI).
En esta se instaura que, al tratarse de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, en cuanto a su muerte, lesiones o estado de salud, las penas de este articulo aumentarán hasta en una mitad, es decir, hasta nueve años.
Determinan que cuando el delito lo cometa una persona servidora pública, que sea parte de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas aumentarán hasta tres veces, sumarán dos años más a la pena que se imponga.
Aseguran diputadas que estas medidas servirán como una medida preventiva en contra de este tipo violencia, para que las para que las mujeres puedan recuperar el control de su imagen, para sancionar a las y los servidores que practican estas conductas y para garantizar a las mujeres la protección de su dignidad, que debe considerarse un derecho humano.
Las iniciativas son consecuencia de la difusión de las imágenes del cadáver de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio, y que llevaron a la aprobación de las reformas conocidas como "Ley Ingrid".
Anteriormente, un representante de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mostró que el dictamen precise que tal conducta puede cometerse en cualquier espacio y no solamente en alguna dependencia o institución forense.
Este día también sesionó la Comisión de Juventud y Deporte para aprobar la creación del Instituto de Cultura Física y Deporte del municipio de Tecámac, por reflexionar que son indudables los beneficios de la activación física y la práctica del deporte en la salud de la población y como herramienta de prevención social de la violencia y la delincuencia.
De igual forma, las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Desarrollo Agropecuario y Forestal comenzaron el análisis de la iniciativa de reforma a la Carta Magna para volver al principio original del reparto de tierras e incorporar en su texto los derechos de la naturaleza, mientras que las comisiones de Legislación y Administración Municipal Protección Ambiental y Cambio Climático comenzaron el estudio de la iniciativa para crear Unidades Municipales de Control y Bienestar Animal e incrementar las penas en materia de maltrato animal, mediante modificaciones a la Ley Orgánica Municipal y el Código Penal, ambos del Estado de México.
