Ahora que se intensifica el debate sobre la propuesta de “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”, los cuales atraviesan por un proceso de consulta que culmina el 22 de agosto, a través de una página de internet a cargo del Gobierno de México (https://portal.crt.gob.mx/ConsultaPublica/Detalle/15), para definir su versión final y promulgarlos, ha generado desconfianza en el ámbito de los medios de comunicación concesionados y del periodismo, el que más allá de la obligación de cada medio de establecer su propio código de ética y su defensor de la audiencia, en caso que alguna queja generada por cualquier ciudadano, la ultima palabra si persistiera su descontento incluso con la actuación del defensor en turno, la tendría una instancia del propio gobierno, como es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que tendría potestades para sancionar al medio implicado.

La presidenta de México ha asegurado que no hay intención alguna de censura, el propósito según indica es llevar a la autorregulación respetando la pluralidad, ya que “el derecho a la información veraz es un derecho constitucional del pueblo de México”; pero al subsistir ese resquicio, persiste la intranquilidad al menos podría llevar a la autocensura por el temor de enfrentar procesos tortuosos de atención a quejas o de defensa ante posibles sanciones, que además se teme pudieran analizarse o resolverse con un criterio sesgado para aquellos que ejerzan la crítica persistente hacia el gobierno, más allá de la veracidad de la información, por una autoridad que no es autónoma sino subordinada.

A este debate, intentando “emparejar el terreno”, se ha sumado la propuesta del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado para solicitar que el Gobierno Federal garantice el derecho de réplica en las conferencias matutinas de la presidencia, cuando se emitan señalamientos o información que afecte a personas, medios u organizaciones, considerando que dicho ejercicio de comunicación funciona como un programa televisivo que debería asumir obligaciones similares a las que se pretenden establecer para los medios privados. Yendo más lejos, la dirigencia nacional del PAN anunció de manera paralela que impulsaría una iniciativa de ley con el mismo fin.

Al respecto la dirigencia de Morena rápidamente ha tratado de defender la negativa a la réplica asegurando a través de un comunicado que “la Mañanera” es un ejercicio de comunicación directa, transparencia y rendición de cuentas, en la cual participan periodistas ce medios nacionales, locales, independientes y comunitarios con distintas posiciones editoriales y rematan acusando que se pretende silenciarla.

Hay registro que desde esas presentaciones matutinas, desde los tiempos del Presidente López Obrador se emitido información inexacta o sin sustento, al igual que se ha descalificado a diferentes personajes y organizaciones y se han emitido consideraciones político partidistas sin mostrar las evidencias de lo señalado e incluso se incumplió con la orden de un juez que en 2023, consiguió Xochitl Gálvez a través de un amparo, para que le concedieran mismo tiempo y espacio en que a ella se le aludió desfavorablemente.

Es innegable el gran alcance que ha tenido este formato de comunicación institucional financiado con recursos públicos, operado por servidores públicos y conducido centralmente por la presidenta auxiliada por sus subordinados y otros funcionarios, por ello quizá antes de pedir que se equipare a un medio de comunicación comercial, ojalá la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno garantizara que vigilará el buen cumplimiento del Código de Ética de los servidores públicos y la Ley de Responsabilidades en lo referente a Garantizar información veraz y oportuna, que es un derecho constitucional y ya que absorbió las funciones del INAI, además velen eficazmente por el derecho a la información y se atreva a sancionar al aquel servidor público que probadamente falsea o tergiversa la información de la institución de la que es titular o que teniendo funciones de comunicación o propaganda difunde datos falsos o infundados y opiniones que exceden sus competencias, ya que aspiramos a la autorregulación y la responsabilidad para todos. Ojalá lo veamos. Con que se cumpla la ley vigente, habría buena señal.