Más vale malo por conocido que bueno por conocer (?)
Refrán popular
Una vez que la Legislatura mexiquense aprobó el pasado 17 de marzo del 2016 la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública se empezó a generar inquietud sobre la idoneidad y la seguridad de las disposiciones ahà estipuladas, al igual que con la preservación de la garantÃa de respeto a las libertades de asociación y de expresión de los ciudadanos, por la mera desconfianza de que el gobierno tenga en este ordenamiento la base para ejercer la represión contra los inconformes y valerse incluso del extremo de la fuerza para acallar sus reclamos.
El debate sobre esta Ley que fue propuesta por el ejecutivo del estado de México, se dio sólo al interior de la Cámara de Diputados tanto en las comisiones legislativas como en pleno, pero todo indica que hubiera sido benéfico ampliar esa discusión a otros espacios públicos, honrando el alcance y la trascendencia de lo que se buscó regular. Las barras y colegios de abogados como las organizaciones de Derechos Humanos bien habrÃan tomado la posibilidad de analizar e incluso enriquecer este ordenamiento.
Al no hacerse asÃ, la duda y el recelo alimentados desde la oposición polÃtica al partido gobernante (MORENA, PT y algunas expresiones del PRD) hicieron resonar el tema, incluso a nivel nacional, condenando la aprobación de esta Ley, a partir de la posibilidad que interpretan existe para que las manifestaciones y protestas masivas que suelen organizar sean criminalizadas por un gobierno al que tachan de represor y se ha generado toda una corriente de opinión en el mismo sentido.
Lamentablemente para los promotores y hábilmente para los detractores de la citada Ley, el antecedente más cercano y doloroso del uso desproporcionado de la fuerza pública por elementos de seguridad es el 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco, donde tras un enfrentamiento dos jóvenes murieron, hubo pobladores golpeados y se habla también de mujeres violadas, además de domicilios allanados y robos, asimismo en el saldo se agregan decenas de detenciones y 12 pobladores encarcelados por más de cuatro años, quienes recuperaron su libertad en julio de 2010 por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero si a diez años de aquella dolorosa experiencia poco habÃa cambiado en términos legales, y dado que no he escuchado o leÃdo entre los crÃticos una propuesta alternativa, sino únicamente descalificaciones a lo aprobado, asà como un anuncio para llevar el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare la inconstitucionalidad de la Ley; cabe preguntarnos ¿qué es realmente lo más conveniente para la sociedad? ¿Qué siga el vacÃo legal o que se debata, se promulgue y se perfeccione la regulación de un tema tan delicado?
Si como advierten los opositores a la Ley, es un asunto riesgoso que podrÃa dar lugar para atentar contra los derechos humanos y las garantÃas individuales, ojalá tengan en cuenta sus propias palabras y aprovechando que lo han puesto en el centro de atención y más ciudadanos conocen hoy el tema, lo saquen de la arena polÃtica partidista, analicen con serenidad y cumplan con su deber, no de vociferar y sentirse vÃctimas prematuras de sus efectos, sino de proponer. Cumplan respondiendo y argumentando la respuesta a la pregunta, ¿seguimos con el vacÃo legal o evolucionamos con Leyes de buena hechura?
El gobierno, con esta ley o sin ella, tiene el monopolio del uso de la fuerza con fundamento general en la Constitución federal y en la estatal, cuando la seguridad y la paz pública se ven amenazadas y en caso de excesos, es sabido que hoy la batalla legal para procesarlos más apuntarÃa a la impunidad o la injusticia. ¿Acaso no es mejor que haya reglas para su ejercicio?
SerÃa bueno que expusieran qué otra cosa debe incluir la Ley que regula el uso de la Fuerza Pública, si como ha sido aprobada según se aprecia está fundamentada en los artÃculos 1, 9 y 21 de la Carta Magna, estipula la protección de la dignidad humana, contiene los principios de uso de la fuerza por parte de la autoridad, preserva el respeto a la manifestación de ideas y la asociación en lugares públicos y los estándares de detenciones de sujetos ante una conducta ilÃcita.
Si dicha Ley atiende también a los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, considerados por la ONU; el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿hace falta algo que no sea suprimirla?
Esta ley entrarÃa en vigor antes que finalice el mes de julio de este año y 90 dÃas hábiles más tarde, es decir, a finales del mes de noviembre, se deberá presentar el reglamento de Ley y también tendrÃa que haberse cumplido con el deber de capacitar a los integrantes de las instituciones de seguridad en el adecuado ejercicio del uso de la fuerza pública.
Hay tiempo para el debate y análisis mayor que siempre debe ser fructÃfero, pero no para la rencilla polÃtica sin razón. El temor y la desconfianza existen si, recurrentemente nos quejamos de todas esas leyes son letra muerta o de las lagunas de la Ley, en este caso el razonamiento opera a la inversa. Ojalá podamos conocer y revisar argumentos.
Si desean leerla, servirá que consideren la exposición de motivos. La encuentran en internet buscando en Legistel.
SUCESOS, ACCIONES Y REACCIONES
MAL HUMOR: Con todo y los patrullajes del Ejército por las calles de Toluca, más la instalación de dos bases de Operación Mixta en la Zona Toluca Metepec, ya va siendo hora que un trabajo de inteligencia más elaborado se aplique para frenar a los criminales. Como estará la situación que un “bromista†puede colgar ´piñatas en un puente peatonal en la entrada de la ciudad y causar susto a los transeúntes, sin que nadie sepa quién fue.
AGRADO: El resultado del Festival Cultural Tierra Adentro organizado en el Pueblo Mágico de Aculco, a menos de tres meses de gestión, pone buena muestra de la creatividad y capacidad de gestión que deben tener los alcaldes que deseen detonar el potencial turÃstico como eje de desarrollo de su municipio.
SORNA: El metro Chalco-La Paz se hace porque se hace. Mancera en la CDMX y Eruviel en EdoMex, lo tienen en la mira, cuesta bastante, pero lo bueno es que son amigos y no habrá disputa por ello.
Refrán popular
Una vez que la Legislatura mexiquense aprobó el pasado 17 de marzo del 2016 la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública se empezó a generar inquietud sobre la idoneidad y la seguridad de las disposiciones ahà estipuladas, al igual que con la preservación de la garantÃa de respeto a las libertades de asociación y de expresión de los ciudadanos, por la mera desconfianza de que el gobierno tenga en este ordenamiento la base para ejercer la represión contra los inconformes y valerse incluso del extremo de la fuerza para acallar sus reclamos.
El debate sobre esta Ley que fue propuesta por el ejecutivo del estado de México, se dio sólo al interior de la Cámara de Diputados tanto en las comisiones legislativas como en pleno, pero todo indica que hubiera sido benéfico ampliar esa discusión a otros espacios públicos, honrando el alcance y la trascendencia de lo que se buscó regular. Las barras y colegios de abogados como las organizaciones de Derechos Humanos bien habrÃan tomado la posibilidad de analizar e incluso enriquecer este ordenamiento.
Al no hacerse asÃ, la duda y el recelo alimentados desde la oposición polÃtica al partido gobernante (MORENA, PT y algunas expresiones del PRD) hicieron resonar el tema, incluso a nivel nacional, condenando la aprobación de esta Ley, a partir de la posibilidad que interpretan existe para que las manifestaciones y protestas masivas que suelen organizar sean criminalizadas por un gobierno al que tachan de represor y se ha generado toda una corriente de opinión en el mismo sentido.
Lamentablemente para los promotores y hábilmente para los detractores de la citada Ley, el antecedente más cercano y doloroso del uso desproporcionado de la fuerza pública por elementos de seguridad es el 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco, donde tras un enfrentamiento dos jóvenes murieron, hubo pobladores golpeados y se habla también de mujeres violadas, además de domicilios allanados y robos, asimismo en el saldo se agregan decenas de detenciones y 12 pobladores encarcelados por más de cuatro años, quienes recuperaron su libertad en julio de 2010 por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero si a diez años de aquella dolorosa experiencia poco habÃa cambiado en términos legales, y dado que no he escuchado o leÃdo entre los crÃticos una propuesta alternativa, sino únicamente descalificaciones a lo aprobado, asà como un anuncio para llevar el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare la inconstitucionalidad de la Ley; cabe preguntarnos ¿qué es realmente lo más conveniente para la sociedad? ¿Qué siga el vacÃo legal o que se debata, se promulgue y se perfeccione la regulación de un tema tan delicado?
Si como advierten los opositores a la Ley, es un asunto riesgoso que podrÃa dar lugar para atentar contra los derechos humanos y las garantÃas individuales, ojalá tengan en cuenta sus propias palabras y aprovechando que lo han puesto en el centro de atención y más ciudadanos conocen hoy el tema, lo saquen de la arena polÃtica partidista, analicen con serenidad y cumplan con su deber, no de vociferar y sentirse vÃctimas prematuras de sus efectos, sino de proponer. Cumplan respondiendo y argumentando la respuesta a la pregunta, ¿seguimos con el vacÃo legal o evolucionamos con Leyes de buena hechura?
El gobierno, con esta ley o sin ella, tiene el monopolio del uso de la fuerza con fundamento general en la Constitución federal y en la estatal, cuando la seguridad y la paz pública se ven amenazadas y en caso de excesos, es sabido que hoy la batalla legal para procesarlos más apuntarÃa a la impunidad o la injusticia. ¿Acaso no es mejor que haya reglas para su ejercicio?
SerÃa bueno que expusieran qué otra cosa debe incluir la Ley que regula el uso de la Fuerza Pública, si como ha sido aprobada según se aprecia está fundamentada en los artÃculos 1, 9 y 21 de la Carta Magna, estipula la protección de la dignidad humana, contiene los principios de uso de la fuerza por parte de la autoridad, preserva el respeto a la manifestación de ideas y la asociación en lugares públicos y los estándares de detenciones de sujetos ante una conducta ilÃcita.
Si dicha Ley atiende también a los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, considerados por la ONU; el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿hace falta algo que no sea suprimirla?
Esta ley entrarÃa en vigor antes que finalice el mes de julio de este año y 90 dÃas hábiles más tarde, es decir, a finales del mes de noviembre, se deberá presentar el reglamento de Ley y también tendrÃa que haberse cumplido con el deber de capacitar a los integrantes de las instituciones de seguridad en el adecuado ejercicio del uso de la fuerza pública.
Hay tiempo para el debate y análisis mayor que siempre debe ser fructÃfero, pero no para la rencilla polÃtica sin razón. El temor y la desconfianza existen si, recurrentemente nos quejamos de todas esas leyes son letra muerta o de las lagunas de la Ley, en este caso el razonamiento opera a la inversa. Ojalá podamos conocer y revisar argumentos.
Si desean leerla, servirá que consideren la exposición de motivos. La encuentran en internet buscando en Legistel.
SUCESOS, ACCIONES Y REACCIONES
MAL HUMOR: Con todo y los patrullajes del Ejército por las calles de Toluca, más la instalación de dos bases de Operación Mixta en la Zona Toluca Metepec, ya va siendo hora que un trabajo de inteligencia más elaborado se aplique para frenar a los criminales. Como estará la situación que un “bromista†puede colgar ´piñatas en un puente peatonal en la entrada de la ciudad y causar susto a los transeúntes, sin que nadie sepa quién fue.
AGRADO: El resultado del Festival Cultural Tierra Adentro organizado en el Pueblo Mágico de Aculco, a menos de tres meses de gestión, pone buena muestra de la creatividad y capacidad de gestión que deben tener los alcaldes que deseen detonar el potencial turÃstico como eje de desarrollo de su municipio.
SORNA: El metro Chalco-La Paz se hace porque se hace. Mancera en la CDMX y Eruviel en EdoMex, lo tienen en la mira, cuesta bastante, pero lo bueno es que son amigos y no habrá disputa por ello.
