Tras el impactante asesinato de dos maestras en una preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán, al calor de la indignación, la impotencia o el clamor social, han coincidido diputados locales, dirigentes partidistas y hasta el gobernador de Michoacán en la intención de endurecer penas contra menores y también sancionar a padres de familia.

El mandatario michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que presentará una iniciativa proponiendo que menores de edad puedan ser juzgados como adultos cuando cometan delitos graves, pretende modificar el marco legal vigente para evitar que casos como el del adolescente tengan una sanción proporcional.

El diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, integrante del llamado “Movimiento del Sombrero,” opinó que el caso amerita el castigo máximo e incluso propone sancionar a los tutores por haber permitido que el joven tuviera acceso al fusil Ar-15 con el que cometió el atentado. En esto hay que considerar que ocurrió en una de las entidades más asoladas por la fuerte presencia de grupos criminales sumamente violentos ante los cuales se ha implementado una estrategia federal de contención cuyos resultados también se cuestionan.

En contraste con esas voces, organizaciones civiles dedicadas al estudio del sistema educativo reiteran la exigencia de atención a las raíces de la situación, como es el caso de Mexicanos Primero, cuyo dirigente en Michoacán Erik Avilés, asegura que por una parte este crimen evidencia el fracaso del Plan Michoacán, además que resalta una falta en atención a la salud mental e indicios de abandono institucional y familiar.

Por su parte, la organización Reinserta A.C. ha externado su repudio a las propuestas de juzgar a adolescentes como adultos e incluso han puesto en entredicho la vigencia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Aseguran que dichas posturas evidencian una “comprensión reduccionista, reactiva y peligrosamente punitivista de la violencia” que además implica la “renuncia explícita del Estado a su obligación de prevenir, atender y transformar las causas estructurales del delito”.

Reprochan que el Estado continúa mostrando limitaciones estructurales para investigar, procesar y sancionar eficazmente a personas adultas que generan, sostienen y se benefician de contextos de violencia y aseguran que se debe apostar por políticas públicas centradas en la primera infancia, sistemas de protección efectivos, intervención temprana en contextos de violencia, fortalecimiento de capacidades familiares y comunitarias, y mecanismos de atención integral para adolescentes en riesgo, lo cual lamentablemente ha sido sistemáticamente relegado en favor de respuestas reactivas de corto plazo. Propone Reinserta “reencauzar el debate público y la acción institucional hacia un enfoque de seguridad basado en derechos, prevención y atención integral”.

Ya entrados en el tema a partir de caso de Michoacán, valdría también considerar que según datos de la Encuesta Nacional de Violencia hacia los Maestros (2024) al menos cuatro de cada 10 docentes han sufrido algún tipo de agresión en las escuelas, de parte de estudiantes y padres de familia en distintos estados del país.

El sistema educativo mexicano está ante un desafío mayúsculo, con la necesidad de tomar decisiones certeras para reencausarse y actuar más allá de ideologías, con visión y responsabilidad. Ojalá se entienda y no se pierda más tiempo en experimentos aventurados. ¿O esperaremos que ocurran más desgracias?