El Partido del Trabajo (PT) votó en contra de la autorización del uso de la fuerza para reprimir a la ciudadanía y coartar la libertad de expresión o manifestaciones de quienes se sientan agraviados por acciones de gobierno, por la falta de servicios o simplemente por su derecho a ser escuchados, así lo comentó el coordinador del grupo parlamentario del PT, Carlos Sánchez Sánchez.
Abundó que quizá no hubo suficientes votos para revertir esta iniciativa, pero está seguro que afuera la sociedad coincide con la postura asumida por el petismo de rechazar el uso de la fuerza en contra de los habitantes del Estado de México que se manifiesten libremente.
El legislador indicó que resulta incongruente que por un lado el gobierno y los diputados hayan coincidido en combatir cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, de los niños, de los miembros de la Tercera Edad y por otro, ahora quieran legalizar el uso de la violencia institucional contra la ciudadanía.
Carlos Sánchez remarcó que la iniciativa asegura que se respetarán los derechos humanos y que solo se pretende regular al cuerpo de seguridad pública para que actúe mejor, pero al autorizarse nada impide que dicha ley se vuelva contra el pueblo.
Lamentablemente, dijo, las instancias de derechos humanos son insuficientes para garantizar que no haya un uso desmedido de la fuerza pública y en cualquier momento, exista otro Ayotzinapa ahora en territorio mexiquense, con la diferencia de que los policías no entregarán al pueblo a los criminales, sino que se podrán convertirse en ejecutores dentro de las manifestaciones.
Recordemos y aprendamos de experiencias vividas en otras entidades, como Puebla, donde un niño falleció a causa del uso de balas de goma, porque una de ellas le pegó en la cabeza y supuestamente no hubo un uso excesivo de la fuerza pública.
Finalmente, llamó a la reflexión pues aplicar una ley de esa naturaleza es atentar contra el pueblo y aprobarla es un mal precedente pues se manda el mensaje equivocado de impulsar la violencia por encima del diálogo y la mediación pacífica.
Abundó que quizá no hubo suficientes votos para revertir esta iniciativa, pero está seguro que afuera la sociedad coincide con la postura asumida por el petismo de rechazar el uso de la fuerza en contra de los habitantes del Estado de México que se manifiesten libremente.
El legislador indicó que resulta incongruente que por un lado el gobierno y los diputados hayan coincidido en combatir cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, de los niños, de los miembros de la Tercera Edad y por otro, ahora quieran legalizar el uso de la violencia institucional contra la ciudadanía.
Carlos Sánchez remarcó que la iniciativa asegura que se respetarán los derechos humanos y que solo se pretende regular al cuerpo de seguridad pública para que actúe mejor, pero al autorizarse nada impide que dicha ley se vuelva contra el pueblo.
Lamentablemente, dijo, las instancias de derechos humanos son insuficientes para garantizar que no haya un uso desmedido de la fuerza pública y en cualquier momento, exista otro Ayotzinapa ahora en territorio mexiquense, con la diferencia de que los policías no entregarán al pueblo a los criminales, sino que se podrán convertirse en ejecutores dentro de las manifestaciones.
Recordemos y aprendamos de experiencias vividas en otras entidades, como Puebla, donde un niño falleció a causa del uso de balas de goma, porque una de ellas le pegó en la cabeza y supuestamente no hubo un uso excesivo de la fuerza pública.
Finalmente, llamó a la reflexión pues aplicar una ley de esa naturaleza es atentar contra el pueblo y aprobarla es un mal precedente pues se manda el mensaje equivocado de impulsar la violencia por encima del diálogo y la mediación pacífica.
