La diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, de Morena, propuso que los ayuntamientos del Estado de México publiquen y difundan informes bimestrales sobre las actividades de las personas regidoras, con el propósito de que la ciudadanía conozca de manera clara y accesible el desempeño de quienes integran los cabildos.
Al presentar una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal durante una sesión ordinaria de la LXII Legislatura, la legisladora señaló que una población mejor informada cuenta con mayores herramientas para participar en los asuntos públicos, fortalecer la vida democrática y exigir gobiernos abiertos y cercanos.
Camacho Reynoso consideró que no es necesario esperar al término de una administración para conocer el trabajo de las personas representantes populares, pues sus actividades deben estar disponibles durante todo el ejercicio de sus funciones.
También cuestionó que algunas personas integrantes de los ayuntamientos reciban una remuneración por representar a la ciudadanía sin que sus labores sean suficientemente conocidas. Desde tribuna, señaló que la falta de propuestas, gestiones y atención ciudadana puede permanecer sin cuestionamientos cuando no existen mecanismos de rendición de cuentas.
La iniciativa establece que los informes deberán publicarse en las páginas oficiales de los ayuntamientos y difundirse a través de los medios institucionales de comunicación disponibles.
Entre la información que deberán contener se encuentra la asistencia de cada regidora o regidor a las sesiones de cabildo, las comisiones edilicias de las que forme parte y las actividades desarrolladas en ellas.
Asimismo, deberán reportarse las propuestas, proyectos, puntos de acuerdo y solicitudes presentados ante el ayuntamiento, además de las acciones de atención ciudadana y gestiones institucionales, con identificación de las dependencias o instituciones involucradas y los asuntos correspondientes.
Los reportes también incluirán reuniones, recorridos, mesas de trabajo y otras actividades de vinculación realizadas en el desempeño de sus funciones, así como indicadores cuantitativos que permitan conocer el alcance de las acciones efectuadas.
La propuesta precisa que los documentos deberán elaborarse con lenguaje claro, accesible y de fácil comprensión. Además, aclara que su publicación no sustituirá las obligaciones legales en materia de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas.
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