La diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez, de Morena, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado de México para establecer mecanismos de actuación inmediata ante casos de embarazo en niñas menores de 15 años, a fin de que las autoridades correspondientes investiguen los hechos y garanticen la protección integral de sus derechos.
La propuesta señala que estos embarazos, en términos generales, son consecuencia de un delito sexual, debido a que la edad mínima de consentimiento sexual en la entidad es de 16 años. Por ello, plantea que las autoridades estatales y municipales, las instituciones públicas de salud y los centros educativos coordinen acciones para proteger a las menores y facilitar su acceso a servicios médicos, atención psicológica y asistencia social.
El proyecto contempla la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y, cuando corresponda, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), conforme a los protocolos vigentes.
Durante la presentación de la iniciativa, Santos Rodríguez aclaró que la intención no es incrementar la burocracia ni crear nuevos organismos o plazas, sino evitar que las niñas enfrenten sin acompañamiento una situación que compromete su salud, dignidad y desarrollo.
La legisladora sostuvo que la protección de la infancia debe garantizarse sin importar el lugar donde se detecte el caso y llamó a fortalecer la responsabilidad de las instituciones para atender estas situaciones.
La reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México establece que las acciones deberán aplicarse con perspectiva de niñez, enfoque de derechos humanos y bajo el principio del interés superior de la infancia. También contempla el acceso a servicios especializados para proteger la integridad física y emocional de las menores, así como información y acceso a la interrupción legal del embarazo cuando corresponda, de acuerdo con la normativa aplicable.
Además, cada canalización deberá documentarse mediante un formato único que emitirá la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). El incumplimiento de estas obligaciones por parte de las personas servidoras públicas podrá constituir una causal de responsabilidad administrativa.
En materia de transparencia, la iniciativa propone establecer un mecanismo estatal para integrar y difundir estadísticas sobre embarazo infantil. Para ello, las secretarías estatales de Salud y de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, deberán remitir trimestralmente al Sipinna información sobre los casos detectados.
Los registros se presentarían de manera anónima y desagregada por municipio y rango de edad, sin incluir datos que permitan identificar a las niñas. Con esta información, el Sipinna elaboraría y publicaría anualmente un informe con un diagnóstico y recomendaciones de política pública, que también sería remitido al Congreso mexiquense.
La propuesta establece que deberán protegerse en todo momento la confidencialidad de la información y los datos personales. Asimismo, dispone que la operación de este mecanismo se realice con los recursos humanos, materiales y financieros disponibles, sin crear nuevas estructuras administrativas.
Finalmente, el proyecto plantea un plazo máximo de 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para que el Sipinna emita el formato único de canalización. Las autoridades involucradas deberán realizar las acciones de coordinación necesarias para cumplir con las disposiciones utilizando los recursos presupuestarios existentes.
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