El Gobierno del Estado de México coordina el trabajo de 18 instituciones públicas, académicas y de investigación para fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores y facilitar su acceso a servicios y apoyos, mediante el Comité Estatal para la Atención de las Personas Adultas Mayores (CEPAPAM).
Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité, realizada en Toluca, las dependencias participantes presentaron los avances de las metas correspondientes al tercer trimestre de 2026, entre los que destacaron asesorías jurídicas, capacitación en derechos humanos, atención de reportes de Alerta Plateada y gestión de aparatos auditivos y subsidios.
También se reportaron servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como capacitación para el empleo. En materia de bienestar, se incluyeron entregas de canastas alimentarias y cobijas, detección de enfermedades y jornadas de vacunación.
Las instituciones dieron cuenta, además, de actividades de promoción de la salud y difusión de información sobre osteoporosis y envejecimiento, junto con una oferta cultural y recreativa que contempló conciertos, talleres, ciclos de cine y círculos de convivencia.
Entre los principales acuerdos del CEPAPAM se encuentra la elaboración de un estudio sobre violencia y delitos contra las personas adultas mayores, con un análisis estadístico y territorial que abarcará los 125 municipios mexiquenses.
Asimismo, se trabaja en la integración de un catálogo estatal que concentrará información sobre los servicios, programas y apoyos disponibles en las instituciones participantes, con el propósito de facilitar su consulta y acceso para este sector de la población.
La coordinación de estas acciones está a cargo del secretario de Bienestar, Juan Carlos González Romero, a través de la Coordinación de Seguimiento de Programas Sociales y la Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar, áreas responsables de impulsar la colaboración entre dependencias y dar seguimiento a los compromisos establecidos.
Con esta estrategia, la administración estatal busca articular las capacidades institucionales para ampliar la atención a las personas adultas mayores, fortalecer la defensa de sus derechos y contribuir a que tengan mejores condiciones de bienestar y una vida digna.
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