El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) propuso ampliar las atribuciones del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México (Cetraem), mediante una iniciativa que busca fortalecer la coordinación entre instituciones de salud, promover la donación altruista y prevenir el tráfico ilícito de órganos y tejidos.
Ante el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense, la diputada Maricela Beltrán Sánchez expuso que es necesario mejorar la comunicación hospitalaria y la seguridad de los procedimientos de donación, a fin de evitar que retrasos administrativos o fallas de coordinación impidan concretar posibles trasplantes.
La legisladora señaló que el tiempo es determinante en estos procesos y que las instituciones deben contar con mecanismos que les permitan actuar oportunamente, sin improvisaciones ni trámites innecesarios. También destacó la importancia de generar confianza entre la población y garantizar que la donación conserve su carácter libre, altruista y solidario, respetando la voluntad de las personas donantes y la dignidad de quienes reciben los órganos.
Entre las modificaciones propuestas a la Ley de Salud estatal se contempla que el Cetraem implemente mecanismos de seguridad, verificación documental y trazabilidad para identificar a los donantes, comprobar la legalidad del consentimiento y dar seguimiento a las distintas etapas de los procedimientos.
Asimismo, el organismo promovería la coordinación entre instituciones de salud para facilitar el acceso oportuno, equitativo y sin discriminación a los servicios de valoración, donación y trasplante, además de procurar la continuidad de la atención médica y los tratamientos posteriores.
La iniciativa plantea que el Cetraem coordine el Sistema Estatal de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, así como la aplicación, actualización y evaluación de los mecanismos para detectar posibles donantes y realizar la procuración oportuna. Entre estas herramientas se incluye el protocolo denominado “Código Vida”, establecido en el lineamiento técnico para las unidades médicas del Estado de México.
Para ello, se propone establecer canales permanentes de comunicación entre hospitales, servicios de urgencias y autoridades competentes, con el propósito de facilitar la detección y valoración de potenciales donantes, así como organizar los traslados necesarios para preservar los órganos y tejidos.
En el caso de pacientes pediátricos, se impulsarían acciones de detección temprana, valoración especializada, referencia hospitalaria, orientación familiar y seguimiento de niñas, niños y adolescentes que requieran un trasplante, bajo el principio del interés superior de la niñez. Estos procedimientos deberán respetar los criterios nacionales de asignación y distribución, las condiciones médicas, la compatibilidad biológica y las disposiciones federales aplicables.
Otro de los ejes de la propuesta es fortalecer la capacitación del personal sanitario y prevenir posibles irregularidades relacionadas con la donación, procuración, distribución y trasplante de órganos y tejidos, particularmente aquellas que involucren coacción, falsificación de documentos, intermediación económica ilícita, comercialización prohibida o explotación de personas.
En ese sentido, se plantea verificar obligatoriamente la identidad y el consentimiento de los donantes, registrar las etapas de procuración, preservación, traslado, distribución y destino final, así como capacitar al personal para identificar situaciones que puedan comprometer la libertad, seguridad o dignidad de donantes y receptores. También se establecerían mecanismos para comunicar posibles irregularidades a las autoridades correspondientes.
La iniciativa contempla reforzar la colaboración con el Centro Nacional de Trasplantes, las autoridades sanitarias federales y estatales, y las instancias de procuración de justicia, respetando las competencias de cada institución, los derechos humanos y la confidencialidad de los expedientes clínicos.
En materia de transparencia, el Cetraem tendría que integrar y publicar anualmente un informe de resultados con indicadores sobre promoción de la donación altruista, capacitación del personal, coordinación hospitalaria, procuraciones y trasplantes realizados, atención a pacientes pediátricos, medidas de seguridad y acciones de mejora administrativa. La información se presentaría de manera agregada para proteger la identidad, los datos personales y la información médica de las personas involucradas.
Finalmente, el proyecto establece que los mecanismos de seguridad y trazabilidad deberán ajustarse a la Ley General de Salud y a los sistemas nacionales de información, sin generar duplicidades administrativas. Además, las acciones de prevención y comunicación de posibles irregularidades no deberán interferir con las facultades de las autoridades sanitarias y ministeriales ni ocasionar retrasos injustificados en los procedimientos.
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