El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la LXII Legislatura del Estado de México propuso fortalecer la educación inclusiva mediante medidas que permitan identificar oportunamente las barreras para el aprendizaje y la participación, mejorar la preparación docente y garantizar que las y los estudiantes reciban los apoyos educativos que necesitan.
Al presentar la iniciativa de reforma a la Ley de Educación estatal durante una sesión deliberante, la diputada Maricela Beltrán Sánchez, integrante de la bancada coordinada por Juan Manuel Zepeda Hernández, señaló que el objetivo es garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que enfrentan dificultades para acceder, participar y permanecer en el sistema educativo, particularmente quienes presentan discapacidades intelectuales o psicosociales, condiciones del neurodesarrollo o problemas de salud mental.
Como parte de los argumentos, la legisladora citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según los cuales en 2020 había 381 mil mexiquenses menores de 17 años con alguna discapacidad.
Beltrán Sánchez sostuvo que ningún estudiante debe ser definido únicamente por una discapacidad, un diagnóstico o una dificultad de aprendizaje. También destacó la importancia de escuchar a quienes enfrentan barreras educativas y aprovechar los recursos institucionales existentes, sin que su disponibilidad se convierta en una justificación para negar los apoyos y ajustes razonables requeridos.
La propuesta establece que las autoridades educativas deberán identificar las barreras para el aprendizaje e implementar estrategias pedagógicas individualizadas, así como revisar su efectividad de acuerdo con las necesidades de cada estudiante. Estas medidas no podrán condicionarse a la presentación de un diagnóstico clínico.
Asimismo, plantea proporcionar al personal docente y directivo orientación, asesoría y formación continua en educación inclusiva, estrategias pedagógicas diversificadas, comunicación accesible y prevención de prácticas de exclusión, mediante los programas y servicios institucionales disponibles.
Otro de los puntos contempla fortalecer la coordinación entre autoridades escolares, docentes, servicios públicos de apoyo a la educación inclusiva y especial, y las familias. También prevé la participación del alumnado de acuerdo con su edad y madurez, con el propósito de favorecer su aprendizaje, bienestar y permanencia en las escuelas.
La iniciativa propone establecer mecanismos de seguimiento que permitan evaluar la pertinencia y efectividad de las medidas educativas adoptadas. En ese proceso, deberán protegerse los datos personales de los estudiantes y evitarse prácticas discriminatorias o de segregación.
El proyecto también señala que la aplicación de estas disposiciones deberá respetar el interés superior de la niñez, la dignidad y la autonomía progresiva del alumnado, así como las atribuciones y los derechos laborales del personal docente.
Además, establece que no podrán imponerse requisitos adicionales que condicionen injustificadamente la inscripción, permanencia, participación o evaluación de los estudiantes. Tampoco podrán trasladarse a las familias las obligaciones educativas que corresponden a las autoridades.
Finalmente, la propuesta indica que, dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto, la autoridad educativa estatal deberá revisar y, en su caso, adecuar los mecanismos institucionales de orientación, formación y coordinación. Para ello, se priorizará el aprovechamiento de los programas, servicios y recursos disponibles.
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