Con el propósito de prevenir agresiones y fortalecer las condiciones de seguridad durante el proceso electoral 2026-2027, el diputado Alejandro Castro Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso exhortar al Gobierno del Estado de México a instalar una mesa estatal de seguridad electoral con mecanismos permanentes de coordinación, prevención e intercambio oportuno de información.
Durante una sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, el legislador señaló que la participación política es un derecho fundamental para la vida democrática, por lo que debe ejercerse sin amenazas, intimidaciones, agresiones ni otras formas de violencia que condicionen las decisiones de la ciudadanía o limiten su intervención en los asuntos públicos.
Castro Hernández sostuvo que las condiciones democráticas deben garantizarse desde antes de la jornada electoral, de manera que los partidos políticos puedan organizarse libremente, las candidaturas recorran sus distritos sin amenazas, la población participe en reuniones políticas sin temor y las personas acudan a votar sin presiones.
El diputado explicó que la seguridad electoral requiere la participación coordinada de las instituciones, sin que una sola autoridad concentre todas las responsabilidades. Por ello, consideró necesario que cada organismo cumpla con sus atribuciones y mantenga una colaboración efectiva ante situaciones que puedan poner en riesgo el derecho a votar y ser votado.
La propuesta contempla integrar a las secretarías General de Gobierno y de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia estatal, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), las representaciones de los partidos políticos y las autoridades federales competentes en seguridad y procuración de justicia. También prevé la participación de autoridades municipales cuando las circunstancias lo requieran, respetando las facultades y la autonomía de cada institución.
Entre las medidas planteadas destaca la actualización del Mapa Estatal de Riesgos para la Seguridad Electoral, mediante criterios objetivos, verificables y acordados entre las autoridades participantes. Este instrumento permitiría identificar zonas con alta incidencia delictiva o conflictividad social, así como amenazas y agresiones contra candidaturas, dirigencias, personas servidoras públicas y representantes de fuerzas políticas.
El exhorto también propone establecer un Protocolo Estatal de Prevención y Atención de Violencia Política, que defina procedimientos claros para recibir, canalizar y dar seguimiento a los casos reportados. Además, plantea establecer criterios imparciales y transparentes para determinar medidas de protección, sin sustituir las atribuciones ni los procedimientos previstos en la legislación vigente.
Como parte del seguimiento, la iniciativa contempla reuniones periódicas de evaluación e informes públicos sobre la evolución de los riesgos, las acciones preventivas implementadas y las condiciones generales de seguridad electoral. La difusión de estos reportes deberá proteger los datos personales, la información reservada por ley y la integridad de las personas involucradas.
La propuesta cobra relevancia ante la dimensión de los comicios locales de 2026-2027, en los que se elegirán mil 291 cargos de representación popular en el Estado de México. La contienda comprenderá 45 diputaciones de mayoría relativa, 30 de representación proporcional, 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas y 966 regidurías.
Con este planteamiento, Castro Hernández busca impulsar un esquema de coordinación institucional que permita anticipar posibles riesgos y atender oportunamente situaciones de violencia política, con el objetivo de contribuir a que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de libertad, seguridad y respeto a los derechos político-electorales.
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