La diputada Krishna Karina Romero Velázquez, del Partido Acción Nacional (PAN), propuso que las instituciones de seguridad pública del Estado de México implementen un Sistema de Alerta Antiextorsión para agilizar la respuesta de las autoridades ante solicitudes de auxilio por posibles casos de este delito o situaciones de riesgo relacionadas.
La iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México fue presentada durante una sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense y también fue suscrita por Pablo Fernández de Cevallos González, coordinador de la bancada panista.
El proyecto plantea que el sistema funcione mediante dispositivos físicos instalados en unidades económicas, botones de emergencia, aplicaciones, plataformas digitales, teléfonos móviles y otras herramientas tecnológicas que permitan emitir alertas de forma rápida y discreta.
De acuerdo con la propuesta, el acceso será gratuito y estará destinado a facilitar la solicitud de auxilio y activar los mecanismos institucionales de atención y reacción. Sin embargo, este recurso no sustituirá los procedimientos formales de denuncia e investigación. Cuando la información recibida permita identificar hechos posiblemente constitutivos de delito, las autoridades deberán actuar conforme a las obligaciones legales correspondientes.
La iniciativa establece que la Secretaría de Seguridad estatal será responsable de diseñar, implementar, coordinar y operar el sistema. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico promoverá su conocimiento y utilización entre las unidades económicas, además de impulsar la participación de comerciantes, prestadores de servicios y organismos del sector privado en actividades de difusión, capacitación y prevención.
Asimismo, propone que los municipios implementen y operen progresivamente el mecanismo dentro de sus territorios, en coordinación con la Secretaría de Seguridad. Para ello, deberán procurar su conexión con las instituciones de seguridad pública y los centros municipales de control, comando, comunicación y cómputo, conforme a los lineamientos y protocolos aplicables.
El Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados tendría a su cargo dar seguimiento a la implementación, interoperabilidad y evaluación del sistema, además de formular recomendaciones para mejorar su cobertura, accesibilidad, eficacia y las condiciones de protección de las personas usuarias.
Al exponer los motivos de la iniciativa, Romero Velázquez señaló que la extorsión afecta la tranquilidad y la seguridad de las familias mexiquenses, pues no solamente implica la exigencia de dinero, sino también amenazas que generan miedo y ponen en riesgo el patrimonio de las víctimas.
Como parte de los argumentos, la legisladora citó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según las cuales el Estado de México ocupó el segundo lugar nacional por víctimas de extorsión registradas durante 2026, con mil 268 casos. También refirió que entre 2020 y 2025 se iniciaron 20 mil 49 carpetas de investigación por este delito.
Además, señaló que la Secretaría de Seguridad estatal reportó 39 mil 67 atenciones relacionadas con extorsión y fraude telefónico durante 2025. De estas, 18 mil 60 correspondieron a extorsión telefónica, 570 a extorsión electrónica, 468 a extorsión vinculada con el cobro de derecho de piso y 145 a extorsión directa.
Finalmente, el proyecto legislativo contempla que la primera etapa de implementación priorice las zonas, corredores comerciales, unidades económicas y actividades que, de acuerdo con la incidencia delictiva, los análisis de riesgo y la información oficial disponible, presenten una mayor exposición a este delito. La propuesta prevé ampliar progresivamente la cobertura al resto del territorio estatal.
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