Representantes del Poder Legislativo, instituciones de justicia, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil presentaron en el Senado de la República una propuesta para tipificar el reclutamiento ilícito de personas por parte de grupos criminales, con el objetivo de cerrar vacíos legales y fortalecer los mecanismos de prevención, investigación, sanción y atención a las víctimas.
La iniciativa fue expuesta durante el segundo foro De la Protección a la Acción: Evitar la utilización de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado, convocado por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa y el Grupo de Trabajo Técnico Especializado. El encuentro dio continuidad al diálogo iniciado en abril para construir una respuesta legislativa frente a la captación de personas por parte de organizaciones delictivas.
En el foro participaron el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte; la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y la senadora Laura Esquivel Torres, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.
También intervinieron el director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Jorge Nader Kuri, y el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Jorge Andrade Contreras, quienes aportaron perspectivas institucionales sobre los alcances de la propuesta.
La presentación técnica estuvo a cargo de Juan Pablo Rodríguez González, por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); Sofía Cobo, del INACIPE; Karelly Villanueva, de TOJIL; Gerardo Nochez Cerón, del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento, y Sofía Martínez Paz, de Reinserta.
Durante las intervenciones se expuso la necesidad de contar con una figura penal específica que permita responder a las distintas formas en que los grupos criminales captan a personas para incorporarlas a sus estructuras. De acuerdo con los participantes, las disposiciones existentes resultan insuficientes para investigar y perseguir integralmente estas conductas, lo que puede dejar sin sanción algunas etapas del proceso de reclutamiento.
La propuesta plantea incorporar el reclutamiento ilícito como delito autónomo en el Código Penal Federal, de manera que las autoridades puedan intervenir desde el momento en que una persona es seleccionada, convocada, persuadida o enlistada para incorporarse a un grupo delictivo. También contempla sancionar a quienes financien o faciliten estas prácticas.
Uno de los aspectos centrales es que la conducta podría perseguirse sin necesidad de demostrar que la persona captada llegó a integrarse al grupo criminal o cometió algún delito. Con ello, se busca actuar antes de que el reclutamiento derive en una participación efectiva en actividades delictivas y evitar que las víctimas queden desprotegidas por no haberse consumado esa incorporación.
El planteamiento contempla agravantes en circunstancias específicas, como el uso de redes sociales para captar personas, el abuso de relaciones de confianza y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Estas previsiones buscan responder a los mecanismos mediante los cuales las organizaciones criminales pueden acercarse a personas en situación de vulnerabilidad.
Otro componente relevante es el reconocimiento de las personas reclutadas como víctimas, con el propósito de facilitar su acceso a medidas de protección, atención integral y reparación. La propuesta también establece criterios para distinguir las responsabilidades de quienes son obligados a reclutar a otras personas después de haber sido captados por una organización criminal.
Asimismo, plantea que el delito sea imprescriptible cuando la víctima era menor de 18 años al momento de los hechos. El documento contempla también una articulación con la legislación en materia de trata de personas y adecuaciones para abordar la posible intervención de personas morales y estructuras vinculadas con la delincuencia organizada.
Los participantes señalaron que contar con un tipo penal específico permitiría fortalecer las herramientas de las autoridades para investigar estas conductas y sancionar a quienes resulten responsables, además de avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. La propuesta también busca atender recomendaciones formuladas por organismos internacionales en torno a la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales.
El foro reunió a representantes de distintos sectores para avanzar en una respuesta coordinada frente a un fenómeno que afecta la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo de las infancias y adolescencias. La discusión destacó que la reforma legal debe acompañarse de políticas públicas que atiendan las causas del reclutamiento y fortalezcan las acciones de prevención, protección y reintegración.
Con esta presentación, el grupo de trabajo busca dar continuidad a la construcción de una respuesta legislativa e institucional que permita actuar desde las primeras etapas de la captación criminal, proteger a las personas afectadas y evitar que niñas, niños y adolescentes sean incorporados a las actividades de organizaciones delictivas.
#SenadoDeLaRepública #ReclutamientoIlícito #Seguridad #Justicia #DerechosHumanos #PrevenciónDelDelito #OscarGlenn
