La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la ampliación del periodo de consulta para elaborar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con el propósito de que las comunidades continúen participando en la construcción de la iniciativa antes de que sea presentada ante el Congreso de la Unión.
El anuncio se realizó durante un encuentro con representantes de los 69 pueblos originarios y del pueblo afromexicano, celebrado en el Primer Patio Mariano de Palacio Nacional, en el marco del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena.
Durante el diálogo, Yaneth Cruz Gómez, representante del pueblo Tojolabal de Las Margaritas, Chiapas, solicitó extender el tiempo de consulta y entregó una propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Ante esta petición, la mandataria señaló que el documento no será enviado al Poder Legislativo hasta que las comunidades consideren concluido el proceso de revisión.
Sheinbaum Pardo explicó que la elaboración de la legislación debe partir de la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos, en concordancia con el reconocimiento de este derecho en el artículo segundo de la Constitución. También destacó la importancia de incorporar a la iniciativa el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), los Planes de Justicia, los Caminos Artesanales y el reconocimiento de la propiedad comunal tradicional.
La presidenta sostuvo que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho permitió que recibieran recursos de manera directa para realizar obras de infraestructura. Entre los proyectos mencionados se encuentran comedores comunitarios, escuelas y universidades interculturales.
Durante el encuentro, representantes de distintas comunidades expusieron sus necesidades y reconocieron acciones relacionadas con infraestructura, acceso al agua, educación y derechos colectivos. María Márquez Joaquín, del pueblo P’urhépecha, se refirió a la reforma constitucional; Lucas Pérez Hernández, del pueblo Tsotsil, agradeció el espacio de diálogo directo, y Crisóforo Valenzuela, del pueblo Yaqui, destacó los avances en obras hidráulicas para garantizar el abastecimiento de agua potable.
Por su parte, Rosa María Hernández, representante del pueblo afromexicano de la región centro de Veracruz, reconoció la apertura al diálogo sobre sus derechos. Agustina del Carmen Tah Pech, de Quintana Roo, habló sobre el desarrollo asociado al Tren Maya y planteó preguntas sobre las acciones posteriores, mientras que Hortencia Palma Palma, gobernadora indígena de Guachochi, Chihuahua, destacó los beneficios de los comedores comunitarios para estudiantes y solicitó duplicar los apoyos destinados a jóvenes universitarios. Los representantes también expresaron su interés en garantizar la continuidad del FAISPIAM.
Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), informó que entre 2025 y 2026 se ejercieron 25 mil 424 millones de pesos del FAISPIAM para la realización de 52 mil 547 obras de infraestructura en comunidades indígenas y afromexicanas.
Asimismo, detalló que los 22 Planes de Justicia implementados en 14 estados han beneficiado a 2.6 millones de personas indígenas, mediante una inversión de 64 mil 523 millones de pesos. En materia de restitución territorial, reportó la recuperación de 45 mil 794 hectáreas para el pueblo Yaqui, 6 mil 26 hectáreas en la Sierra Tarahumara, 5 mil 956 hectáreas para la comunidad Wixárika de Jalisco y 569 hectáreas para el primer ejido otomí.
El funcionario agregó que la meta para este año contempla la construcción de 400 caminos artesanales. Respecto al proceso legislativo, indicó que se han realizado 77 asambleas regionales de consulta y 19 mesas de trabajo, en las que se recopilaron 2 mil 287 aportaciones para el diseño de la propuesta de ley.
Con la ampliación del periodo de consulta, el Gobierno federal busca que las observaciones de los pueblos indígenas y afromexicanos se incorporen a la iniciativa antes de su presentación ante el Congreso. La fecha de conclusión del proceso dependerá de que las comunidades consideren que sus propuestas han sido suficientemente discutidas.
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