El Gobierno de México prepara un decreto para establecer obligaciones a las plataformas digitales en materia de detección, reporte y retiro oportuno de contenidos que inciten directamente a la violencia, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la conferencia matutina del 2 de octubre, la mandataria informó que se integró un grupo de trabajo coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con participación de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Educación Pública, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, además de instituciones académicas.
Sheinbaum explicó que uno de los objetivos iniciales será establecer mecanismos para que las plataformas retiren contenidos relacionados con violencia, abuso o acoso y fortalezcan la coordinación con las autoridades competentes.
El anuncio ocurrió después de los hechos registrados en una escuela secundaria de Torreón, Coahuila, donde, de acuerdo con el Gobierno federal, una integrante del personal directivo perdió la vida y otras cuatro personas resultaron lesionadas. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las autoridades mantienen seguimiento al caso.
Como parte de las primeras líneas de trabajo, el Gobierno federal prevé avanzar la próxima semana en una propuesta de decreto que establezca obligaciones para las plataformas respecto a la identificación, reporte y remoción de publicaciones o comentarios que inciten directamente a actos violentos, así como mecanismos de comunicación con las autoridades.
La estrategia también contempla reforzar el programa “El ABC de las emociones”, mediante asambleas con madres y padres de familia, buzones confidenciales para detectar situaciones de riesgo y mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes. Esta estrategia nacional ya contempla actividades socioemocionales semanales, materiales para estudiantes, docentes y familias, además de asambleas informativas.
Sheinbaum también hizo un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a mantenerse atentos a los contenidos que consumen niñas, niños y adolescentes en internet y a fortalecer la comunicación familiar.
Por su parte, García Harfuch señaló que la Secretaría de Seguridad mantiene monitoreo permanente de redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para identificar de manera temprana contenidos, conductas o personas que pudieran representar riesgos vinculados con expresiones de violencia.
Además, explicó que se fortalecerán las capacidades de investigación en fuentes abiertas para reconstruir actividades digitales relacionadas con amenazas, detectar patrones y analizar posibles vínculos entre usuarios, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia.
Otra de las líneas planteadas consiste en impulsar reformas para fortalecer la regulación del acceso y uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en su protección frente a contenidos violentos o nocivos, mecanismos de verificación de edad y mayores responsabilidades para las plataformas.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que las plataformas deben asumir responsabilidades respecto de los contenidos violentos y contribuir a generar espacios digitales más seguros para los menores. También planteó fortalecer en las escuelas los vínculos de confianza con estudiantes y ampliar el trabajo con las familias.
El Gobierno federal ya había planteado en meses recientes una discusión nacional sobre la regulación de plataformas digitales y redes sociales en relación con niñas, niños y adolescentes, particularmente por los efectos asociados al uso excesivo y al diseño de algunas plataformas.
Con las nuevas medidas, la administración federal busca combinar regulación de contenidos, prevención escolar, atención socioemocional, participación familiar y monitoreo digital como parte de una estrategia para reducir riesgos de violencia entre menores.
Por ahora, el decreto anunciado se encuentra en etapa de elaboración, por lo que sus alcances y obligaciones concretas para las plataformas dependerán del contenido final del instrumento y del proceso jurídico correspondiente.
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