Delfina Gómez Álvarez presentó durante su Tercer Informe de Gobierno los resultados de la política social de su administración y señaló que la reducción de la pobreza constituye uno de los principales indicadores de su gestión.
De acuerdo con datos oficiales de medición de pobreza, entre 2022 y 2024 el número de personas en pobreza en el Estado de México disminuyó de 7.4 a 5.5 millones, lo que representa una reducción de aproximadamente 1.9 millones de personas. También 375 mil personas dejaron la pobreza extrema.
La gobernadora señaló que, en términos porcentuales, la pobreza disminuyó de 42 a 31 por ciento, mientras que la pobreza extrema pasó de 6 a 3.7 por ciento.
Para acompañar esta reducción, la administración estatal destinó más de 54 mil millones de pesos a programas sociales durante la primera mitad del gobierno y elevó el presupuesto del sector en más de 62 por ciento entre 2024 y 2026.
A través del programa Alimentación Escolar para el Bienestar se atendió a más de 711 mil niñas, niños y adolescentes en más de 9 mil 700 planteles.
En el programa Alimentación para el Bienestar se distribuyeron más de 3.6 millones de canastas alimentarias a más de 570 mil mujeres.
Para personas con discapacidad se otorgó, en coordinación con el Gobierno de México, una pensión bimestral de 3 mil 200 pesos que beneficia a más de 67 mil 500 personas.
Además, se realizaron más de 160 mil atenciones médicas especializadas, 150 mil terapias y se entregaron más de 4 mil apoyos técnicos, entre ellos prótesis y sillas de ruedas.
La administración también reportó acciones dirigidas a la población LGBTIQ+, mediante servicios especializados en el Refugio para Mujeres de la Diversidad Sexual y la Clínica de la Diversidad Sexual.
En materia de vivienda, durante el último año se entregaron más de 12 mil apoyos para mejoramiento de hogares, con beneficio para casi 45 mil personas. En tres años, el acumulado asciende a 38 mil apoyos para más de 140 mil mexiquenses.
La gobernadora sostuvo que la política social continuará durante la segunda mitad del mandato, con prioridad para las comunidades que mantengan mayores niveles de pobreza o carencias sociales.
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