Jubilados de confianza de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la banca de desarrollo se movilizaron este lunes en la Ciudad de México para exigir que los cambios al régimen de pensiones no se apliquen de manera retroactiva. Los manifestantes marcharon desde el Monumento a la Revolución hasta la Cámara de Diputados, donde buscan entregar una iniciativa ciudadana para defender los derechos que, aseguran, adquirieron durante sus años de servicio.
Los integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados sostienen que la discusión sobre las llamadas “pensiones doradas” no debe incluir a todos los trabajadores retirados por igual. Durante la movilización, los jubilados también presentaron los resultados de una consulta nacional en la que participaron alrededor de 200 mil personas. Con este respaldo buscan impulsar cambios al segundo artículo transitorio relacionado con la reforma al artículo 127 constitucional, con el argumento de que cualquier nueva disposición debe respetar los derechos adquiridos y evitar que una modificación posterior afecte a quienes ya se encuentran pensionados.
La protesta ocurre un día antes del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y representa un nuevo capítulo en la disputa por el alcance de las modificaciones al sistema de pensiones. Ante ello, los jubilados aseguraron que continuarán por la vía institucional y legal para defender su postura, mientras buscan que la Cámara de Diputados analice su propuesta y garantice que las nuevas reglas no tengan efectos sobre derechos que fueron establecidos bajo disposiciones anteriores.
LEGISLADORES PRIISTAS RECIBEN A JUBILADOS INCONFORMES
Al final de los trabajos de la Quinta Plenaria, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI recibieron a pensionados de Pemex y CFE, quienes manifestaron su preocupación por los cambios en la ley que han violentado sus derechos laborales adquiridos. Se escucharon sus inquietudes.
Por ello, los priistas, en voz del coordinador parlamentario Rubén Moreria, adelantaron que trabajarán en propuestas que ayuden a solucionar su situación, tanto en el Congreso de la Unión como en algunos congresos estatales para seguir apoyando a las y los jubilados del sector energético.
Los representantes de Pemex y CFE, encabezados por Verónica Navarro y Mario Cubría Platas, de CFE, y Jesús García Torres, de Pemex, solicitaron que la reforma al artículo 127 no aplique retroactivamente a jubilaciones legalmente constituidas, que establezca parámetros uniformes y no regresivos, y que garantice recursos para cumplirlas.
Aclararon que su postura no busca frenar la austeridad ni proteger privilegios mal habidos, sino defender los derechos legítimos de quienes cumplieron con 25, 30 y hasta 40 años de servicio legal y contractual.
Señalaron que están plenamente de acuerdo con el Ejecutivo Federal en sancionar y revisar de manera individualizada aquellas pensiones otorgadas al margen de la ley o de instrumentos laborales legítimos. Sin embargo, advirtieron que la redacción actual del proyecto de decreto pone en riesgo indiscriminado el fruto del esfuerzo de miles de trabajadores retirados.
Los representantes de los extrabajadores propusieron que el artículo segundo transitorio se refiera exclusivamente a las jubilaciones otorgadas al margen de instrumentos jurídicos que prevean planes de retiro.
"No pedimos derogar el transitorio, pedimos precisarlo", puntualizaron. De este modo, el Estado conservará su fuerza contra la corrupción y las pensiones anómalas, excluyendo a quienes cotizaron legalmente durante décadas.
"No les pedimos que se opongan a la reforma. Les pedimos que nos ayuden para que esta vez quede completa y cierre definitivamente la controversia. Lo que está en juego no es solamente la pensión de quienes ya nos hemos retirado, sino la capacidad del Estado para operar lo que la Constitución le ordena. No pedimos privilegios, pedimos certeza jurídica", aseguraron.
Los jubilados y pensionados reiteraron su disposición al diálogo constructivo con todas las fuerzas políticas del Congreso de la Unión para lograr un marco normativo equilibrado, justo y financieramente viable para el país.
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