La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga una presunta red de extorsión que habría operado contra propietarios de Centros de Verificación Vehicular de la entidad, mediante amenazas, restricciones administrativas y cobros ilegales relacionados con sus concesiones y funcionamiento.
Las indagatorias, desarrolladas en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, señalan la posible participación de servidores públicos en activo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, particularmente de quienes tendrían atribuciones para autorizar licencias, permisos y revalidaciones de los verificentros. También se analiza la posible intervención de exfuncionarios y particulares.
De acuerdo con la Fiscalía, el esquema habría comenzado al menos desde diciembre de 2023 y contemplaba el cobro de cuotas a los concesionarios con base en el número de verificaciones realizadas, las líneas de servicio disponibles y otros trámites administrativos.
Las investigaciones apuntan a que parte de estos costos habría sido trasladada a los usuarios, lo que habría favorecido prácticas irregulares como pagos para evitar sanciones cuando un vehículo no aprobaba las pruebas de emisiones o cuando la verificación se realizaba fuera del periodo establecido.
El Estado de México cuenta con más de siete millones de vehículos sujetos a verificación semestral y dispone de 163 verificentros con 878 líneas de verificación, por lo que la Fiscalía busca establecer cuántos establecimientos pudieron haber sido afectados por el presunto mecanismo de extorsión.
Entre las prácticas investigadas se encuentra el uso irregular del Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular (SAECHVV), plataforma que permite supervisar en tiempo real las emisiones y actividades realizadas en los centros.
Según las indagatorias, el sistema habría sido bloqueado de manera remota ante supuestas irregularidades y posteriormente reactivado, situación que habría sido utilizada como mecanismo de presión para exigir pagos. Los cierres podían prolongarse desde algunas horas hasta meses y, en determinados casos, derivaban en procedimientos administrativos.
La Fiscalía también investiga otras formas de presión, como restricciones en la entrega de hologramas de verificación. De acuerdo con los testimonios recabados, los concesionarios podían quedarse sin engomados para operar y recibir nuevas existencias únicamente después de cubrir determinadas cantidades.
Dentro de la investigación figura Raúl “N”, quien fue vinculado a proceso y es señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos participantes del esquema. De acuerdo con testimonios ministeriales, en diciembre de 2023 habría convocado a representantes de distintos verificentros a una reunión en la Ciudad de México, donde presuntamente se planteó el pago de cuotas mensuales para mantener la operación de los establecimientos.
Posteriormente, las indagatorias señalan que se habrían exigido pagos adicionales bajo el concepto de “retroactivo”, mientras que otros involucrados presuntamente habrían condicionado revalidaciones de concesiones previamente autorizadas.
Otro de los mecanismos investigados estaría relacionado con el cobro de cuotas para renovar concesiones, calculadas de acuerdo con el número de líneas de verificación de cada establecimiento.
La FGJEM señaló que, conforme a los testimonios incorporados a las carpetas de investigación, el grupo habría planteado reunir alrededor de 430 millones de pesos adicionales mediante el cobro de revalidaciones durante 2026. Una de las exigencias investigadas contemplaría el pago de 500 mil pesos por cada línea de verificación.
La Fiscalía continúa con la revisión de los controles administrativos y tecnológicos involucrados en el funcionamiento de los verificentros, así como con la integración de elementos que permitan determinar responsabilidades y el alcance económico del presunto esquema delictivo.
