El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de México y coordinador parlamentario de Morena, Francisco Vázquez Rodríguez, descartó que la investigación por presuntas extorsiones a propietarios de verificentros afecte la alianza política entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo a 2027.
El legislador sostuvo que las posibles conductas ilícitas cometidas por servidores públicos deben analizarse de manera individual y no trasladarse como una responsabilidad a los partidos políticos o a los acuerdos electorales que mantienen ambas fuerzas.
La postura se da luego de la detención de Raúl “N” y Carlos Eduardo “N”, funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente investigados por su probable participación en un esquema de extorsión contra empresarios del sector de verificación vehicular.
De acuerdo con las investigaciones, los servidores públicos presuntamente habrían solicitado pagos a propietarios de verificentros a cambio de permitir la operación de sus establecimientos.
Vázquez Rodríguez señaló que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la instancia encargada de determinar si existen responsabilidades y sostuvo que ninguna persona involucrada deberá recibir protección política durante el proceso.
El presidente de la Jucopo también consideró que corresponde al PVEM tomar las medidas internas que estime pertinentes respecto de sus integrantes, mientras que Morena hará lo propio en los casos que correspondan.
En cuanto a los señalamientos realizados por empresarios del sector contra José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente estatal del PVEM y diputado local, Vázquez Rodríguez pidió esperar los resultados de cualquier investigación antes de establecer responsabilidades.
El legislador indicó que, en caso de ser requerido por alguna autoridad, Couttolenc Buentello deberá atender los procedimientos correspondientes. Asimismo, rechazó que desde el Congreso exista una intención de proteger políticamente a alguna persona involucrada en el caso.
El asunto se suma a otras investigaciones recientes contra servidores y exservidores públicos en el Estado de México, entre ellas una relacionada con una presunta venta de plazas educativas, por la que 12 personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en delitos de abuso de autoridad y fraude.
