La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a dos servidores públicos estatales señalados por su probable participación en una red de extorsión contra propietarios de Centros de Verificación de Emisiones (Verificentros) y estaciones de servicio de combustible.
Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas mediante un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Guardia Nacional y las fiscalías de Guerrero y de la Ciudad de México.
Los detenidos fueron identificados como Raúl “N”, quien se desempeñaba como director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia.
De acuerdo con las investigaciones, Raúl “N” fue localizado y detenido en Acapulco, Guerrero, mientras que Carlos Eduardo “N” fue aprehendido en la Ciudad de México.
La Fiscalía mexiquense señaló que diversas denuncias y actos de investigación permitieron identificar una presunta estructura integrada por servidores públicos, exfuncionarios y particulares, quienes habrían exigido pagos ilegales a propietarios de verificentros a cambio de permitirles continuar con sus actividades.
Las indagatorias también apuntan a que los integrantes de la red presuntamente habrían utilizado sus atribuciones para realizar actos destinados a despojar a concesionarios de sus autorizaciones e incluso de infraestructura adquirida por los propios empresarios.
Según la autoridad investigadora, las víctimas habrían sido amenazadas con posibles represalias en caso de acudir ante las autoridades para denunciar los hechos.
Hasta el momento, la Fiscalía estima que el esquema habría generado recursos ilícitos por varias decenas de millones de pesos mensuales mediante el cobro de cuotas para evitar el cierre de líneas de verificación. A estas cantidades se sumarían pagos exigidos para la revalidación de autorizaciones.
Las autoridades indicaron que los cobros presuntamente se realizaban en efectivo y que ya fue identificado un domicilio utilizado para recibir parte de los recursos.
La FGJEM informó que buscará contactar a otras posibles víctimas que, por temor a represalias, todavía no han presentado una denuncia formal. Sus testimonios podrían contribuir a determinar el alcance de la presunta red y actualizar el monto de los recursos obtenidos ilícitamente.
Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a todos los integrantes del grupo y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes. Los detenidos mantienen el carácter de probables responsables mientras se desarrolla el proceso legal.
