El diputado Octavio Martínez Vargas, integrante de Morena, presentó una iniciativa para reformar los procesos de arrendamiento de inmuebles utilizados por dependencias del Gobierno del Estado de México y municipios, con el propósito de mejorar la transparencia y generar ahorros en el gasto público.
El planteamiento establece que los contratos de renta no solo deben considerar el costo económico, sino también aspectos como eficiencia energética, accesibilidad, sustentabilidad y condiciones que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos públicos.
Martínez Vargas señaló que actualmente las administraciones estatal y municipales cuentan con contratos de arrendamiento de más de 600 inmuebles para actividades administrativas, lo que, aseguró, representa una carga importante para el gasto corriente y puede limitar la inversión en otros rubros prioritarios.
La iniciativa propone modificar la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios para que los comités de adquisiciones puedan rechazar propuestas cuando detecten que los precios están sustentados en avalúos simulados o elaborados sin cumplir con criterios técnicos.
Asimismo, plantea que las dependencias, organismos públicos, ayuntamientos y órganos autónomos eviten contratar con personas físicas o empresas involucradas en prácticas como sobreprecios, irregularidades en avalúos o incumplimiento de condiciones de mantenimiento y seguridad en los inmuebles.
El legislador también propuso fortalecer las facultades de la Oficialía Mayor del Gobierno estatal para establecer lineamientos técnicos y administrativos que regulen los procedimientos de arrendamiento.
Durante la exposición de motivos, Martínez Vargas afirmó que existen contratos con costos elevados y consideró necesario revisar los mecanismos actuales para garantizar que el uso de recursos públicos se realice bajo principios de eficiencia y legalidad.
Por otra parte, el diputado solicitó al Gobierno federal analizar la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), luego de recientes detenciones de funcionarios y exfuncionarios vinculados con investigaciones por posibles delitos.
Martínez Vargas cuestionó que algunos procesos hayan sido encabezados por autoridades federales y planteó la necesidad de revisar el papel de la fiscalía estatal en la detección e investigación de posibles irregularidades.
Entre los casos mencionados se encuentran las detenciones de Lino “N”, señalado por su probable participación en delitos de secuestro y delincuencia organizada, y de Santos “N”, exalcalde de Otzolotepec, por presuntos vínculos con actividades ilícitas.
Además, pidió dar seguimiento a investigaciones relacionadas con autoridades municipales y exservidores públicos señalados por posibles actos indebidos.
Finalmente, llamó a la LXII Legislatura mexiquense a fortalecer las acciones legislativas enfocadas en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de derecho.
