La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 58 años y seis meses de prisión en contra de Diego Francisco Cruz García, Ricardo Uriel Rivera Sánchez, Tannia Monserrat Ríos Villanueva y Néstor Esteban Santiago. La autoridad judicial los declaró culpables por su responsabilidad penal en los delitos de desaparición y privación de la libertad cometidos en agravio de internos de un centro de rehabilitación residencial ubicado en la colonia Hacienda Ojo de Agua, en el municipio de Tecámac.
Las indagatorias de la Fiscalía Edoméx determinaron que el 25 de enero de 2025, una de las víctimas, un joven de 20 años de edad, se encontraba internado en el centro de rehabilitación con razón social "Fundación Rubén Darío, A.C.", lugar donde fue agredido físicamente a golpes por los hoy sentenciados, quienes también estaban ingresados en el sitio. Con la finalidad de encubrir el crimen, personal del establecimiento trasladó el cadáver a una funeraria local e informó a la madre que el joven se había escapado y que supuestamente había fallecido en una clínica debido a una sobredosis médica; no obstante, la familiar detectó múltiples lesiones traumáticas visibles en el tórax y extremidades del cuerpo, procediendo a denunciar los hechos.
Durante el despliegue de los Policías de Investigación en el inmueble para recabar indicios, una segunda madre de familia solicitó el auxilio urgente de las autoridades debido a que los encargados del anexo le negaban el acceso para ver a sus dos hijos e incluso la habían amenazado previamente con un arma de fuego. Al ingresar de forma táctica al centro de tratamiento, los agentes ministeriales localizaron y rescataron a una joven que se encontraba privada de la libertad, quien además denunció que su hermano estaba desaparecido tras haber sido ocultado por los custodios del lugar bajo el falso argumento de un cambio de sede, lo que derivó en la detención inmediata de los cuatro agresores.
Además de la pena privativa de la libertad que cumplirán en el Centro Penitenciario de la zona, el Órgano Jurisdiccional ordenó a los cuatro sentenciados el pago mancomunado de 247 mil 776 pesos por concepto de reparación del daño moral, sumado a la suspensión definitiva de sus derechos civiles y políticos. La Fiscalía General de Justicia estatal reitera su política de cero tolerancia contra la operación delictiva camuflada en centros de adicciones y mantiene a disposición el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el teléfono 800-702-8770 para recibir denuncias anónimas.
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