La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Senado de la República una iniciativa de reforma al Poder Judicial que contempla cambios relevantes al modelo aprobado en 2024, entre ellos el aplazamiento de la elección de jueces y magistrados hasta 2028.
La propuesta, turnada a la Comisión Permanente, también plantea modificaciones en el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la creación de nuevos mecanismos de evaluación para aspirantes judiciales y ajustes al esquema de votación de la reforma judicial.
Entre los cambios más relevantes destaca la creación de una Comisión Coordinadora encargada de homologar criterios de evaluación, selección y aplicación de exámenes para aspirantes a cargos judiciales. Además, el Comité de Evaluación reducirá el número de candidaturas que aparecerán en las boletas electorales, dejando únicamente a dos aspirantes por cargo tras un proceso de insaculación pública con paridad de género.
La iniciativa también propone empatar la consulta de revocación de mandato con las elecciones federales y locales para celebrarse el primer domingo de junio, contrario a lo establecido anteriormente, cuando se prohibía que coincidiera con procesos electorales.
Otro de los puntos plantea dividir los circuitos judiciales en distritos específicos para facilitar la votación ciudadana por especialidad judicial, mientras que el Tribunal de Disciplina Judicial evaluará durante su primer año a jueces y magistrados electos, además de coordinar programas permanentes de capacitación.
La reforma revive parcialmente el esquema de “secciones” dentro de la Suprema Corte para resolver asuntos considerados menores, luego de que las salas fueran eliminadas en la reforma constitucional de 2024. Asimismo, establece que los poderes judiciales estatales deberán ajustarse estrictamente al diseño constitucional federal.
Además, la iniciativa extiende hasta 2028 el periodo de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que concluirían funciones en 2027, para empatar su relevo con la nueva elección judicial.
Sin embargo, el proyecto mantiene una contradicción entre artículos constitucionales respecto a la presidencia de la Corte. Mientras el artículo 94 plantea una renovación cada dos años de manera rotatoria según el número de votos obtenidos, el artículo 97 conserva la disposición de que la presidencia sea elegida cada cuatro años por los propios ministros.
