Seguridad

Detienen y entregan a EU a dos exfuncionarios de Sinaloa ligados a investigaciones por crimen organizado

Detienen y entregan a EU a dos exfuncionarios de Sinaloa ligados a investigaciones por crimen organizado

Un exsecretario de Finanzas y un exsecretario de Seguridad del gobierno sinaloense fueron entregados a autoridades estadounidenses, donde son investigados por supuestos vínculos con estructuras criminales.

Dos exintegrantes del gabinete del gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya, enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos tras ser entregados a autoridades de ese país por presuntas relaciones con grupos del crimen organizado.


Se trata de Enrique Díaz, exsecretario de Administración y Finanzas estatal, y de Gerardo Mérida Sánchez, quienes de acuerdo con fuentes de seguridad habrían optado por colaborar con la justicia estadounidense dentro de las investigaciones que se siguen en su contra.


En el caso de Enrique Díaz, reportes señalan que fue ubicado y detenido en Europa antes de concretar su entrega a autoridades norteamericanas, donde es investigado por presuntas operaciones financieras vinculadas con estructuras delictivas.


El exfuncionario dejó su cargo en febrero de 2024, meses antes de que trascendieran investigaciones sobre presuntas inconsistencias en su patrimonio y actividades empresariales durante su paso por la administración estatal.


Por otro lado, Gerardo Mérida, general retirado del Ejército Mexicano y exresponsable de la seguridad pública en Sinaloa, se presentó de manera voluntaria en la garita de Otay Mesa Port of Entry para quedar a disposición de autoridades estadounidenses.


Documentos judiciales lo relacionan con presuntos actos de protección a grupos criminales, entre ellos supuestos avisos anticipados sobre operativos y omisiones en acciones contra laboratorios clandestinos, hechos que habrían favorecido a integrantes de Los Chapitos.


Las investigaciones forman parte de una ofensiva más amplia en Estados Unidos para esclarecer presuntos vínculos entre funcionarios públicos y redes delictivas que operan en Sinaloa, mientras ambos exfuncionarios esperan la definición de su situación legal. 


 


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