Más de mil ejidatarios del municipio de Huehuetoca han alzado la voz para denunciar un presunto intento de despojo orquestado por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 10 y la Sociedad Mercantil Santander. Los afectados señalan directamente al actuario Juan Benigno Ezequiel de alterar un acta circunstanciada oficial para favorecer a la empresa privada en la disputa de 65 hectáreas de terreno. Según los denunciantes, se falsificaron hechos clave en documentos públicos para validar una diligencia de ejecución que carecía de representatividad legal, poniendo en riesgo el patrimonio de familias que han habitado la zona por más de un siglo.
El conflicto escaló el pasado 26 de marzo de 2026, cuando se intentó cumplimentar una orden de ejecución instruida por la magistrada Ana Lili Olvera Pérez. Durante el proceso, el abogado de los ejidatarios, Felipe Cruz Rodríguez, impugnó la validez del acto debido a la ausencia de los demandantes directos y de la representación legal de Grupo Santander. Pese a que el acta fue firmada bajo protesta por el Comisariado Ejidal ante estas irregularidades, los ejidatarios aseguran que la magistrada ordenó vía telefónica proceder con la diligencia, mientras el actuario prohibía tomar fotografías del documento en proceso, argumentando falta de facultades.
La gravedad del caso se confirmó el 17 de abril de 2026, cuando el equipo legal de los ejidatarios tuvo acceso al acta final entregada al Tribunal. En dicho documento, el actuario asentó falsamente que Benigno Pérez Lizaur, miembro de la familia propietaria de la Sociedad Mercantil Santander, se presentó al final de la diligencia tras un supuesto retraso vial y que recibió formalmente las tierras. Sin embargo, más de 300 ejidatarios presentes el día de los hechos y una asamblea general realizada el 19 de abril confirmaron unánimemente que dicha persona nunca estuvo en el Ejido Huehuetoca, lo que constituye un delito de falsedad en documento oficial.
Los afectados acusan un "juego sucio" entre las autoridades agrarias con sede en Tlalnepantla y los intereses particulares de la empresa Santander. Denuncian que el Tribunal Agrario ha desestimado sistemáticamente las pruebas documentales que acreditan la posesión centenaria de las familias locales, cerrando las puertas a una defensa justa. Ante lo que consideran una violación flagrante a la ley, los ejidatarios de Huehuetoca hacen un llamado urgente a las instancias superiores de justicia para frenar este despojo y castigar la complicidad de los servidores públicos involucrados en la alteración de la verdad jurídica.
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