Las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, así como de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la LXII Legislatura mexiquense solicitarán la opinión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México sobre la viabilidad y alcances de la iniciativa que busca reconocer el trabajo en el hogar como una aportación económica equivalente a la del cónyuge proveedor.
La propuesta, impulsada por el diputado Alejandro Castro Hernández (PRI), plantea que estas labores sean consideradas en procesos legales como juicios por alimentos, guarda y custodia, compensaciones y la liquidación de regímenes patrimoniales, con el objetivo de garantizar mayor equidad en la resolución de conflictos familiares.
Durante el análisis legislativo, promovido por los diputados Ernesto Santillán Ramírez (PT), Octavio Martínez Vargas (Morena) y Ana Yurixi Leyva Piñón (PT), se destacó la importancia de revisar a fondo la iniciativa para asegurar su congruencia con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En este sentido, se subrayó la necesidad de establecer lineamientos claros que permitan a jueces, abogados y demás operadores jurídicos valorar de manera adecuada el trabajo doméstico y su impacto económico, a fin de emitir resoluciones más justas.
El legislador Alejandro Castro enfatizó que la iniciativa busca visibilizar y reconocer el valor económico de una actividad no remunerada que realizan millones de personas, principalmente mujeres, y que constituye un pilar en la economía del cuidado. Señaló que, en el Estado de México, alrededor de 830 mil mujeres sostienen por sí solas el cuidado y manutención de sus hijas e hijos.
Además, expuso que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 el trabajo no remunerado en los hogares representó el 26.3 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, equivalente a 8.4 billones de pesos.
La iniciativa contempla que, para determinar su valor económico, se tomen en cuenta factores como el tiempo dedicado, el costo de servicios equivalentes en el mercado, las oportunidades laborales sacrificadas y la responsabilidad de cuidado asumida. Asimismo, propone que, en casos de divorcio o separación, se garantice una compensación mínima del 40 por ciento de los bienes adquiridos durante el matrimonio para quien se haya dedicado principalmente al hogar.
Durante el debate, legisladoras como Miriam Silva Mata (PVEM) y Ana Yurixi Leyva coincidieron en que la propuesta aplicaría tanto a mujeres como a hombres, por lo que representa un avance en materia de justicia igualitaria. También se destacó que brindaría mayor certeza jurídica para establecer pensiones y compensaciones más equitativas.
Finalmente, el diputado Octavio Martínez planteó la importancia de abrir el diálogo con distintos sectores, a fin de enriquecer la discusión y evaluar el impacto social y legal de la propuesta antes de su eventual aprobación.
