Las demandas iniciales de las mujeres en México sobre educación, ciudadanía, autonomía y dignidad fueron los cimientos de una agenda que en la actualidad se expresa en principios constitucionales, políticas públicas y exigencias sociales que dan contenido a nuestro Estado democrático.
Así lo expresó la directora de la Facultad de Derecho (FD), Sonia Venegas Álvarez, al inaugurar los trabajos de los Diálogos para la Justicia de los Derechos de las Mujeres y Niñas: a 110 años del Primer Congreso Feminista de Yucatán.
El legado de quienes se reunieron en dicho congreso, que fue el segundo de América Latina, realizado del 13 al 16 de enero de 1916, permanece vigente, aseveró.
“Nos corresponde a nosotras honrar su memoria con responsabilidad y conciencia histórica, entendiendo que su lucha no es un capítulo concluido, sino el fundamento de la nuestra”, subrayó ante la moderadora Gabriela Rodríguez Rojas, representante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género y docente de la FD; y Socorro Apreza Salgado, directora del Seminario de Derecho Constitucional de esa entidad universitaria.
Recordarlas, abundó Venegas Álvarez en el auditorio Benito Juárez de la FD, implica asumir el compromiso de comprender el pasado para transformar el presente, y trabajar con convicción y firmeza por un futuro más justo y digno para mujeres y niñas mexicanas.
En ocasión del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos reunimos para reconocer, reivindicar y dar un justo lugar al primer congreso feminista, donde 617 -en su mayoría maestras y escritoras- deliberaron asuntos que para su tiempo resultaban disruptivos: participación pública y política.
Exigieron mayor acceso a la educación mediante un sistema escolar que las formara con igualdad y dignidad, incluida la secundaria gratuita; y defendieron el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.
Persisten tensiones
Al hacer uso de la palabra, la coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez sobre Laicidad, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, María del Pilar González Barreda, rememoró que entre los principales desarrollos en el tema destaca la progresiva despenalización parcial del aborto en gran parte de las entidades federativas, o el reconocimiento judicial de la autonomía reproductiva.
No obstante, los avances conviven con tensiones que persisten. Por ejemplo, al igual que en 1916, permanece la pregunta sobre si las convicciones morales pueden limitar decisiones individuales relacionadas con el cuerpo y la reproducción. Además, el acceso efectivo a derechos sexuales y reproductivos depende todavía del lugar donde habitemos; eso genera una ciudadanía diferenciada, alertó.
Los tribunales, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han constituido en actores centrales para garantizar prerrogativas. Observamos la participación de organizaciones civiles, movimientos feministas y grupos reaccionarios que emplean lenguaje jurídico y constitucional para defender posiciones que se pensaban superadas.
El congreso de Yucatán representó una ruptura intelectual en el México revolucionario. Sus discusiones anticiparon debates jurídicos actuales sobre autonomía, educación sexual y participación política, apuntó.
Los debates contemporáneos en torno a los derechos reproductivos revelan la persistencia de disputas históricas sobre cuerpo, moral y el papel del Estado. Hoy lo hacemos sobre aborto o acceso a métodos anticonceptivos como si fueran análisis recientes.
Lo planteado en el congreso anticipó transformaciones que décadas después serían incorporadas al constitucionalismo mexicano, como principio de igualdad jurídica, derecho a la educación, laicidad como garantía de libertad y, progresivamente, el reconocimiento de derechos vinculados con la autonomía personal, manifestó.
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