Brenda falleció el 14 de mayo de 2022 tras caer desde un edificio en Lomas Verdes, Naucalpan; aunque en un inicio se consideró un suicidio, posteriormente se determinó que presentaba lesiones previas a la caída, por lo que en 2023, María Elizabeth "N", identificada como pareja sentimental de la víctima, fue detenida.
Sin embargo, el pasado 28 de marzo, un juez de distrito concedió un amparo que modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y permitió que la acusada continúe su proceso en libertad con restricciones.
Este lunes, familiares de Brenda Guadalupe Trinidad Domínguez y colectivas feministas se manifestaron frente a palacio de gobierno del Estado de México, para exigir la revisión del amparo que permitió la liberación de María Elizabeth "N", la presunta responsable del feminicidio de la joven.
Lourdes Domínguez Hernández, madre de Brenda, lamentó la resolución judicial y aseguró que seguirá exigiendo justicia.
"Brenda no se resbaló, a mi hija le arrebataron la vida. La jueza que concedió este amparo permitió que una feminicida quedara en libertad. No voy a detenerme hasta que se haga justicia", declaró.
Los manifestantes solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos de derechos humanos para revisar el fallo y evitar la impunidad en el caso.
Al respecto, el Poder Judicial del Estado de México emitió una tarjeta informativa en la que explicó que la liberación de María Elizabeth "N" se dio en cumplimiento a la resolución del Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado de México, quien determinó que la prisión preventiva justificada debía ser sustituida por medidas cautelares menos restrictivas.
Entre las condiciones impuestas para que la acusada continúe su proceso en libertad se encuentran la presentación periódica en el Centro Estatal de Medidas Cautelares.; prohibición de acercarse al domicilio de los ofendidos; y restricción para salir del Estado de México y del país.
Así como la colocación de un brazalete electrónico; y el pago de una fianza, por lo que según la información judicial, la imputada podrá continuar en libertad siempre y cuando se cumplan estas medidas.
Pese a lo anterior, la familia de la víctima y activistas han manifestado su inconformidad con la decisión y advierten que seguirán exigiendo justicia.
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