El Instituto Nacional electoral (INE) impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los amparos emitidos por juzgados de Distrito que le ordenan frenar la elección de jueces, magistrados y ministros.
Es conocido que diversos juzgados han emitido suspensiones provisionales por principio para frenar el proceso de discusión y votación, desde que inició el proceso legislativo de la reforma constitucional que busca modificar la integración del poder judicial estableciendo entre los principales cambios la elección de jueces, magistrados y ministros de la corte suprema, a propuesta del Presidente López Obrador.
Los juzgados concedieron amparos para evitar que fuera enviada a los Congresos para su validación, orden que fue ignorada, desúés, cuando las cámaras determinaron la constitucionalidad de la reforma, se ordenó frenar su publicación en el Diario Oficial de la Públicación lo cual tampoco fue atendido, publicándose el 15 de septiembre.
Dada esta situación, los opositores a la reforma, se interpusieron amparos para que el Instituto Nacional Electoral, no iniciara el proceso electoral extraordinario de jueces, magistrados y ministros por voto popular, sin embargo,el INE ignoró la suspensión provisional emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Colima y el 27 de septiembre, publicó cinco acuerdos en el DOF relativos al proceso electoral para elegir a los jueces, magistrados y ministros el próximo 1 de junio del 2025.
Ahora se sabe que el Magistrado Felipe de la Mata deberá proponer una resolución a la impugnación, teniéndose como atecedente que previamente propuso validar las modificaciones que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) a su reglamento interno para iniciar el proceso electoral como ordenó la reforma judicial aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.
Debe considerarse tambien que el Juzgado Segundo de Distrito en Colima advirtió que los 11 consejeros del INE podrían ser acreedores de una multa de 54 mil 285 pesos, así como una pena de prisión de tres a nueve años y la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para no desempeñar otro cargo público si el Consejo General del INE continúa con el proceso.
Con información de Latinus.
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