- Respaldaron que, en casos urgentes, autoridades de seguridad acompañen a las víctimas y se garantice su seguridad, alimentación y vivienda.
Al encabezar la mesa técnica de las comisiones de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, que preside, y las de Procuración y Administración de Justicia y para la Igualdad de Género del Congreso local, la legisladora explicó que las y los diputados han acordado plazos para concluir el análisis y perfilar la aprobación del paquete de iniciativas que trabajan el Congreso local y ONU Mujeres en el marco de la iniciativa Spotlight.
Durante la reunión en la que participaron Nayeli Sánchez Macías y Carlos Guillermo León, de la Iniciativa Spotlight; y Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, continuó el análisis del quinto grupo de reformas en el que se aprobaron modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad.
Las y los representantes del Congreso, organismos y dependencias estatales acordaron que para la emisión de las órdenes de protección, las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente tomará en consideración los hechos relatados por la mujer adolescente o la niña en situación de violencia, considerando desarrollo evolutivo y cognoscitivo o por quien lo haga del conocimiento a la autoridad, así como las peticiones explícitas de la víctima considerando su desarrollo evolutivo y cognoscitivo o de quien informe sobre el hecho.
Asimismo, que la custodia personal y/o domiciliaria a las víctimas este a cargo de las instituciones de seguridad pública estatales; que en casos de urgencia se proporcionen los recursos económicos para garantizar su seguridad personal, transporte, alimentos, comunicación, mudanza, vivienda y los trámites oficiales que requiera; y que las instituciones de seguridad pública estatales acompañen a la víctima para acceder al domicilio, lugar de trabajo u otro para recuperar sus pertenencias personales y la de sus hijas e hijos y una persona de confianza.
También respaldaron el uso de herramientas tecnológicas que permitan brindar seguridad a las mujeres, adolescentes o niñas en situación de violencia, así como a las víctimas indirectas y testigos, entre las que pueden encontrarse proporcionar un dispositivo móvil con el contacto directo para brindar auxilio policial; y que el Ministerio Público pueda solicitar a la autoridad judicial competente que acuerde la suspensión temporal a la persona agresora del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes.