Hasta 2020 2 mil 92 mujeres y 58 niñas y niños se encontraban recluidas prisiones estatales
El Congreso del Estado de México solicitó a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de Control Penitenciario del gobierno estatal estrategias que garanticen el derecho a la protección de la salud de las mujeres en reclusión y de sus hijos e hijas que se encuentran en los Centros de Prevención y Readaptación Social, así como un informe con datos actualizados a este año de las mujeres recluidas y el número de menores que se encuentran con ellas.
En sesión de la Diputación Permanente, la diputada María de los Ángeles Dávila Vargas (PAN), expuso el punto de acuerdo planteado por la diputada Ingrid Schemelensky Castro y el diputado Enrique Vargas del Villar, en nombre del grupo legislativo del PAN, que llama a que las autoridades proporcionen a mujeres y menores un servicio clínico de primer nivel a través de profesionales de la medicina con especialidades en gineco-obstetricia y pediatría.
La legisladora indicó que de acuerdo con autoridades penitenciaras hasta 2020, 2 mil 92 mujeres se encontraban recluidas en la entidad; de estas, 10 se encontraban embarazadas en los penales de Neza Bordo, Tlalnepantla, Ecatepec y Santiaguito; hasta ese año se registraban recluidas 58 niñas y niños quienes padecen sobrepoblación y hacinamiento, además de que carecen de instalaciones y servicios médicos adecuados, según advirtió la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.
Por ello, con el fin de garantizar el respeto de sus derechos y a una estancia digna, también solicitan a las autoridades promover e implementar programas para que las mujeres y sus hijos e hijas en reclusión accedan a espacios acordes a sus necesidades, alimentación nutritiva, artículos de primera necesidad, acciones terapéuticas u ocupacionales, y de educación inicial, que garanticen el interés superior del menor.
El punto de acuerdo también pide a las autoridades penitenciarias implementar programas de atención especializada e informativos para que las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, en reclusión, cuenten con las condiciones básicas de infraestructura, servicios médicos, psicológicos y de protección a la integridad personal.
En sesión de la Diputación Permanente, la diputada María de los Ángeles Dávila Vargas (PAN), expuso el punto de acuerdo planteado por la diputada Ingrid Schemelensky Castro y el diputado Enrique Vargas del Villar, en nombre del grupo legislativo del PAN, que llama a que las autoridades proporcionen a mujeres y menores un servicio clínico de primer nivel a través de profesionales de la medicina con especialidades en gineco-obstetricia y pediatría.
La legisladora indicó que de acuerdo con autoridades penitenciaras hasta 2020, 2 mil 92 mujeres se encontraban recluidas en la entidad; de estas, 10 se encontraban embarazadas en los penales de Neza Bordo, Tlalnepantla, Ecatepec y Santiaguito; hasta ese año se registraban recluidas 58 niñas y niños quienes padecen sobrepoblación y hacinamiento, además de que carecen de instalaciones y servicios médicos adecuados, según advirtió la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.
Por ello, con el fin de garantizar el respeto de sus derechos y a una estancia digna, también solicitan a las autoridades promover e implementar programas para que las mujeres y sus hijos e hijas en reclusión accedan a espacios acordes a sus necesidades, alimentación nutritiva, artículos de primera necesidad, acciones terapéuticas u ocupacionales, y de educación inicial, que garanticen el interés superior del menor.
El punto de acuerdo también pide a las autoridades penitenciarias implementar programas de atención especializada e informativos para que las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, en reclusión, cuenten con las condiciones básicas de infraestructura, servicios médicos, psicológicos y de protección a la integridad personal.
